El regreso de la controvertida Talidomida

Hace unos días la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA, por sus siglas en inglés) ha dado su visto bueno a la aprobación de la muy controvertida Talidomida como medicamento paliativo para el cáncer de médula osea, mieloma. Según los estudios presentados por el laboratorio fabricante, Pharmion, su producto puede alargar la vida de enfermos terminales durante 18 meses. Las víctimas del fármaco en España (unas 200 asociadas en Avite -que calculan que puede haber 3.000 afectados todavía-) han manifestado su apoyo a los familiares de esta enfermedad y su alegría de que puedan ver mejorada su existencia. Pero también han querido alertar a las autoridades sanitarias europeas, a los consumidores y, en general, a toda la población, sobre la extrema peligrosidad del medicamento que en su día inventó Heinrich Mückter, un médico de la empresa Chemie Grünenthal de pasado nazi (en breves fechas ampliaremos con numerosos datos este particular).
 
“Lo que exigimos es que los controles que se van a realizar a personas que lo toman, hombres y mujeres, sean reales, para evitar que puedan nacer nuevos bebes sin brazos y sin piernas, como sigue ocurriendo por todo el mundo. Ni la EMEA ni el laboratorio Pharmion nos dicen quién se haría cargo de esos bebes que pudieran nacer mutilados”, explica un portavoz de Avite.
 
Hace ya 50 años que ocurrieron los nacimientos con malformaciones tras el consumo de Talidomida y aún hoy España e Italia son los dos únicos países del planeta que no han reconocido a sus víctimas, cuando se está aprobando el fármaco para otro uso.
 
La Talidomida es un peligroso principio activo que Pharmion lleva tres años largos intentando que se apruebe para el mieloma. Las víctimas exigen controles exhaustivos para su comercialización pues su nocividad es tan grande que con sólo tocarlo entra rápidamente en el cuerpo y llega a la sangre, como confirman los laboratorios productores. De hecho, en la fábrica de Pharmion en el Reino Unido sólo la manipula personal de sexo masculino para evitar que en caso de ser tocada por mujeres embarazadas los fetos tengan problemas.
 
Una de las particularidades de la nueva-vieja Talidomida es que el tratamiento para un mes, que estará financiado por la Seguridad Social, está estimado que costará más de 1.200 euros. Esto supone un enorme negocio para los laboratorios productores pues el coste de la materia prima ronda los 0,10 euros.

La EMEA ofrece su visto bueno sin escuchar las advertencias de los afectados por la Talidomida de que existen numerosos informes críticos sobre el producto. “A nosotros la EMEA sólo nos ha enseñado los que son favorables al fármaco”, reconocen las víctimas españolas. Cabe recordar que la máxima institución europea en el control de la seguridad y eficacia de los medicamentos no realiza estudios independientes cuando una compañía solicita la aprobación de uno de sus preparados.

Se limita a analizar la documentación aportada por el laboratorio, eso sí, con ingentes equipos de científicos, en concreto tres profesionales sanitarios por cada comité de cada país. Parece que en este caso la EMEA se fía de unos laboratorios a los que el pasado les persigue, como lo demuestra la mera existencia de víctimas vivas del Holocausto Talidomida.

Preparada la demanda contra Sanidad por el mercurio

Se ha retrasado un poco pero el próximo día 15 de febrero se presentará ante los medios de comunicación la demanda histórica que varias asociaciones de afectados por el mercurio van a poner ante el Ministerio de Sanidad y Consumo español. Existe expectación porque es la primera vez que en España se produce un acontecimiento de este tipo.
 
Los demandantes tienen previsto denunciar al citado Ministerio y además a la Consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma donde haya sido atendida médicamente cada persona. También tienen previsto intervenir juidicialmente contra los odontólogos o los estomatólogos “que por negligencia hayan incrementado la salida del mercurio dental, resultado del cual el paciente se haya visto claramente afectado por este metal pesado”, explica un portavoz de estas asociaciones.

La demanda judicial está planteada con respecto a las dos principales aplicaciones del mercurio evitables (aquellas para las que existen alternativas o puede prescindirse de las mismas): en empastes dentales, que suelen llamarse “de plata” pero llevan un 50% del citado metal, y en las vacunas que contienen Thimerosal.

Los afectados pretenden “dar a conocer este asunto a la opinión pública y al personal médico-sanitario (todavía, en general, ignorante de los peligros del mercurio dental y vacunal). Al tiempo servirá para solicitar que vacunas y empastes sean prohibidos o, como mínimo, se informe a toda la población de su potencial peligro”. Éste ya fue expuesto en sendos informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud publicados en 1991 y 2003. El abogado que llevará el caso es Felipe Holgado Torquemada, de Ciudad Real, que está planteando su denuncia caso a caso, por tanto no será una demanda colectiva. El bufete de Holgado y las asociaciones de víctimas cuentan con el apoyo de médicos, farmacéuticos, toxicólogos.

 

Felipe Holgado ya ha conseguido sentencias favorables en el caso Agreal, medicamento de la farmacéutica Sanofi-Aventis para la menopausia cuyos gravísimos efectos secundarios han provocado al menos 4.000 demandas sólo en nuestro país. Este abogado ya llevó con éxito hace unos años el escándalo ocurrido en varios hospitales de su región cuando numerosas personas fueron contagiadas de Hepatitis C en las unidades de diálisis de esos centros sanitarios.

Una consulta sobre genéricos y patentes

Me escribe una persona que comenta que hace no mucho fue a la farmacia y preguntó por un medicamento para el asma. “No recuerdo si era budesonida (Pulmicort, de AstraZeneca) o la combinación de budesonida y formoterol (Symbicort o Rilast, de AstraZeneca)”, comenta. Esta persona se pregunta si no existe en la modalidad de genérico. “Más que nada porque este último (sin receta de la Seguridad Social) cuesta unos 63€”, indica este ciudadano.
La farmacéutica le contesta que no, “ya que se les obligaba (por parte de la Administración) a poner un precio mínimo que curiosamente era el mismo que el de las grandes farmacéuticas, y por tanto no podrían competir con ellas”. ¿Es esto cierto?, ¿obligan a fijar un precio mínimo a los genéricos? Para satisfacer la curiosidad de esta persona y la de otras muchas, pues en el foro de Tele5 tras la emisión de los reportajes sobre sobornos a médicos para que receten medicamentos de marca se han planteado estas cuestiones, me he puesto en contacto con un farmacéutico de confianza.

Este farmacéutico me ha contestado que la gran pregunta es si a los genéricos se les obliga a ponerles un precio mínimo que, curiosamente, coincide con el de las marcas. Pues bien, eso no es cierto. Las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) surgen a partir de los diez años de que se comercializa la marca y su precio se fija siguiendo el protocolo normal para fijación de precios en España (se entrega una memoria a la que se acompañan los gastos de comercialización, y otros trámites).

Generalmente, el PVP de una EFG cuando aparece en el mercado suele ser un 30% menor que el de la marca. Posteriormente, al menos una vez al año, el Estado fija los llamados Precios de referencia que son los precios mayores que la Administración central paga por cada conjunto homogéneo (conjunto de medicamentos de un mismo principio activo que el genérico) y es posible que el PVP inicial del genérico baje respecto al inicial, pero cuando el médico prescriba por principio activo se debe dispensar obligatoriamente el genérico.

En resumidas cuentas, “un genérico es siempre un 30% más barato que la marca, lo que sucece en el caso de esa persona es que el medicamento que toma para el asma aún no tiene genérico. Pero en ningún caso se le obliga a poner un precio similar al de marca. Eso nunca”, comenta el farmacéutico consultado.

El lobby de la telefonía móvil ¿ante los tribunales? II

Cuentan que la ex-directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gro Harlem Brundtland, prohibía a los periodistas usar los teléfonos móviles en su oficina debido a su electrosensibilidad. “Las noticias fueron hechas público en Noruega y Suecia y unos meses más tarde, tuvo que abandonar la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Muchos señalan a Michael Repacholi (máximo responsable medioambiental de la OMS) y a la industria de la telefonía móvil como autores de esta proscripción”, argumenta Carlos Sosa.

Montaje fotográfico de la organización anti-contaminación electromagnética Next-Up

Este médico colombiano, como contábamos el domingo pasado en la noticia anteriormente enlazada, está denunciando a Rapacholi ante la Justicia por crímenes contra la humanidad. La OMS ha ido retrasando en el tiempo un pronunciamiento oficial sobre los efectos del electromagnetismo en los seres vivos, argumentando que todavía no existen estudios concluyentes. La OMS y la ICNIRP -dependiente de la anterior- están acusadas por los científicos críticos con esta tecnología de estar demasiado influidas por la industria eléctrica y la de las telecomunicaciones.
 
“Para muchos analistas, son claros los fuertes lazos del ICNIRP con el ejército y con la industria de las telecomunicaciones, a la que han pertenecido muchos de sus integrantes, incluyendo a su ex director, el doctor Michael Repacholi, que ahora se desdice del estudio que publicó en Microwave News, en 1994, sobre la relación causa-efecto de telefonía móvil y el linfoma en ratas de laboratorio, análisis que le catapultó a la dirección del programa CEM de la OMS”[1], explica Carlos María Requejo, consultor ambiental experto en contaminación electromagnética, algo que explicamos en el libro Conspiraciones tóxicas.
 
El proyecto CEM (campos electromagnéticos) está impulsado por la OMS. Tiene entre sus objetivos “dar una respuesta internacional y coordinada las inquietudes que suscitan los posibles efectos sanitarios de la exposición a los CEM”.
Repacholi, cuando estaba contratado como investigador en Adelaida (Australia, su país de nacimiento) mantenía que las microondas eran peligrosas, pero una vez nombrado director del ICNIRP, argumentó que son inocuas. Al menos eso es lo que advierten quienes han seguido su carrera.
 
En los foros científicos críticos sobre contaminación electromagnética Repacholi digamos que no está muy bien visto. Así, en la página web de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía (AVAATE) puede encontrarse un documento sobre los comentarios que hace sobre él en su página web Andrew Marino, un destacado investigador americano.

José Centeno, presidente de AVAATE, realiza mediciones para descubir antenas de telefonía móvil camufladas, la última “moda”

Titulado El Testimonio de Michael Repacholi, este documento, según AVAATE, demuestra cómo Repacholi “tergiversa repetidamente la ciencia para proteger a la industria y con ello desacredita a la OMS, que pierde su papel de velar por la salud de todos”. El documento muestra las declaraciones del responsable de campos electromagnéticos de la OMS en un juicio en Australia en 1990.

Enfermos de SFC llevarán a juicio al Gobierno británico

Los enfermos de Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) británicos (y los españoles y, en general, los de todas partes) están hartos de que su Administración les haga pasar por locos; sus padecimientos son sistemáticamente achacados a problemas psicológicos.
 
Un grupo de activistas sobre el SFC en Inglaterra, One Click Group (que comenzó a propuesta de la madre de un chico con el SFC) han llegado a su meta de recoger más de 10.000 libras para pagar los costes de llevar a juicio al Gobierno del Reino Unido.

El motivo es que dicho Ejecutivo quiere implantar un plan de servicios para las personas que padecen SFC conocido como los NICE Guidelines, en el que se promueve con énfasis la creencia de que esta dolencia es una enfermedad psicológica.

Muchos grupos en el Reino Unido llevan meses protestando contra este plan pero han sido Jane Bryant y su hijo, Ben (de 15 años), los que han organizado y llevado a cabo esta campaña para intentar por la vía judicial, parar un proyecto que sería nocivo para la salud de los ciudadanos que presentan SFC en el Reino Unido.

Jane está muy al tanto de lo que están haciendo las asociaciones catalanas de fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y otras dolencias relacionadas. La Liga SFC, con sede en Barcelona ha expresdo su apoyo y solidaridad al One Click Group.

Fibromialgia nada poética ¿una cuestión de Lyrica?

El blog hace ya días que cumplió su primer mes de existencia con una muy buena acogida. Pero no nos conformamos. Queremos más; más personas que lo lean y hagan suyo y más personas que colaboren. Por eso abrimos esta sección de COLABORADORES donde pretendemos que con cierta regularidad ciudadanos comprometidos con la salud pública y la lucha contra la corrupción del sistema sanitario nos ofrezcan sus informaciones. Éstas serán muy directas, concretas y bien documentadas; la opinión quedará en un segundo plano y primará sobre ella la información y sus experiencias directas con lo que traten.
 
En este caso el texto es de una persona formada en enfermería y en Counselling, que ha trabajado en el sistema sanitario (primaria y hospitalaria), como profesora de enfermería y en salud pública, en varios países. Ha publicado materiales para profesionales sanitarios incluyendo el libro Comunicación Terapéutica en Enfermería (Editorial DAE, 2007). Su especialidad es la relación médico-paciente. También es activista a favor de los derechos de los pacientes.
 
Clara Valverde, profesora de enfermería y escritora
 
Hace unos días se publicó la noticia de que la FDA (la Agencia estadounidense de Alimentación y Medicamentos) había aprobado el fármaco Lyrica (pregabalina) para la fibromialgia. Esto ha llevado a la prensa internacional a imitar al New York Times y enfocar esta noticia por el lado de si existe o no la fibromialgia y si la poderosa multinacional farmacéutica que fabrica Lyrica, Pfizer, tiene que inventarse una enfermedad (fibromialgia) para tener importantes ganancias.

Pero el tema no es ese. La fibromialgia existe: es una enfermedad multisistémica clasificada por la Organización Mundial de Salud con el número M79.9 (CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, última versión) y tiene una prevalencia del 2,4% de la población. No es una enfermedad psicológica. Personas con una predisposición genética a la fibromialgia pueden desarrollar la enfermedad en la que hay una respuesta anómala del sistema nervioso que hace que la persona tenga mucho dolor, cansancio y otros síntomas.

Se cree que también juegan un papel importante en esta enfermedad la hipoxia celular (falta de oxígeno en las células) y el óxido nítrico. La presencia de tóxicos en nuestra vida cotidiana puede ser otro factor que desencadena esta enfermedad.

La fibromialgia existe y Lyrica (un anticonvulsivo) ayuda a algunas personas con esta enfermedad (pero con efectos secundarios importantes). Entonces, ¿cuál es el problema? El gran problema es quién receta Lyrica, cómo y por qué. La fibromialgia es una enfermedad compleja y multisistémica. Esto requiere diagnosticarla correctamente por especialistas con una gran experiencia ya que los síntomas de la fibromialgia pueden ser, en realidad, de muchas otras condiciones o patologías.

No existen apenas médicos ni unidades especializadas en el Estado Español que puedan trabajar correctamente con la fibromialgia. Las administraciones piensan, como gran parte de la sociedad, que la fibromialgia es una condición “light”, la “fibrototal”, sobre la cual hacen bromas tantos profesionales sanitarios.
 
Si una persona con fibromialgia en España consigue ser diagnosticada y tratada por un especialista (idealmente de medicina interna) con experiencia en fibromialgia (lo cual ocurre poco), habría que ver si la Lyrica es una opción válida dentro de una estrategia terapéutica centrada en las disfunciones de ese paciente en particular.
 
También hay que tener en cuenta que muchas personas con fibromialgia tienen sensibilidades químicas lo cual limita qué y cuánta medicación se puede recetar. El uso de la Lyrica tiene que estar integrado en un asesoramiento ambiental (químicos, dieta, etc) de la vida del paciente.
 
Las administraciones públicas insisten en que la fibromialgia puede ser diagnosticada y tratada en Atención Primaria. Esto es peligroso. Los médicos de Primaria no tienen ni los conocimientos, ni el acceso a analíticas ni pruebas específicas, ni el tiempo para el tipo de seguimiento que la fibromialgia requiere.
 
La farmacéutica Pfizer sabe que la prevalencia de fibromialgia es muy alta. Es un gran mercado con grandes ganancias. Esto hace que estén llevando a cabo campañas de promoción de Lyrica. En todos los foros y blogs de pacientes con fibromialgia en España, se habla constantemente de Lyrica.

Esto llevará a un mal uso de esta medicación, un uso masivo, lo cual tiene consecuencias graves para el paciente que no debería tomarla o que debería tomarla en dosis muy pequeñas con un seguimiento cuidadoso y constante. Al ser una enfermedad multisistémica, si el enfermo de fibromialgia toma una medicación para uno de los sistemas, facilmente los otros sistemas del cuerpo se verán afectados.
 
El hecho de que los enfermos de fibromialgia estén, en España, “aparcados” en Atención Primaria, es lo más peligroso de Lyrica. Los médicos de Primaria quieren “quitarse de encima” estos pacientes que no mejoran y que en muchas ocasiones son denominados de manera despectiva “hiperfrecuentadores” de los servicios de salud.
 
La manera más fácil, pueden pensar los médicos, es recetar Lyrica. Y Pfizer se está ocupando de que en los países occidentales los doctores piensen eso.

El lobby de la telefonía móvil ¿ante los tribunales?

Un médico de Medellín (Colombia), Carlos Sosa, acusa a Michael Repacholi, máximo responsable medioambiental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de crimen contra la Humanidad, nada menos. Este doctor participa además en una campaña para someter a Repacholi a la justicia internacional acusado de los citados cargos.
Repacholi ha sido durante muchos años director del ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante), dependiente de la OMS. Esta persona es para muchos especialistas en campos electromagnéticos y la contaminación que desprenden, el mayor lobbista del sector eléctrico y de las telecomunicaciones.

 

Carlos Sosa (izq) y M. Repacholi (Dcha)
 
Sosa es electrosensible, un enfermo del llamado Síndrome de las microondas, provocado por los aparatos eléctricos, las redes de alta tensión, los transformadores eléctricos o las antenas de telefonía móvil y los propios teléfonos. También denominada Enfermedad de las radiofrecuencias, se caracteriza por provocar en sus afectados fatiga, irritabilidad, insomnio, cefaleas, nerviosismo, mareos y vértigos, pérdida de reflejos y de memoria, retardo en la toma de decisiones o zumbidos en los oídos. Pero también se ha demostrado que la contaminación electromagnética puede romper la cadena del ADN y producir cáncer.
 
El médico colombiano acusa a Repacholi de conocer incluso antes que se pusiera en marcha la tecnología de la telefonía móvil los daños que esta puede provocar, por la contaminación electromagnética que despide, y de no haber trabajado para aplicar el principio de precaución y proteger a la ciudadanía.
 
No sólo eso, sino que Sosa y otros muchos especialistas indican que Repacholi trabaja a favor de los grupos de presión o lobbies de la industria que se beneficia de estas tecnologías.


Existe una campaña mundial para llevar a Michael Repacholi ante los Tribunales de Justicia internacionales acusado de crímenes contra la Humanidad

“La Organización Mundial de la Salud, hace años una institución muy seria y respetable, fue comprada en 1996 por el director anterior del ICNIRP, Michael Repacholi. El ICNIRP es una organización privada que fue constituida para proteger los intereses privados de la industria americana y europea de la
telefonía celular”, argumenta Sosa.En 1973, la OMS celebró un congreso internacional en Varsovia bajo los auspicios del gobierno de Polonia y de la FDA (Food and Drugs Administration, la Agencia del Medicamento estadounidense). Los resultados de este evento fueron publicados en el libro titulado Efectos biológicos y peligros para la salud de la radiación de las microondas. “Repacholi reveló recientemente que hasta la mitad de los fondos del proyecto de investigación sobre campos electromagnéticos y su afección a la salud humana de la OMS procedían de la industria de la telefonía móvil”.

Edificio y antena de Telefónica en Collado Villalba (Madrid), ubicado en la calle principal y rodeado de viviendas

Así lo ha reconocido incluso en un diario español, El Periódico de Aragón. Repacholi le explica al periodista que le entrevista: “La OMS lleva 20 o 30 años estudiando sobre la posible relación (de los campos electromagnéticos) con el cáncer. Y para ello ya se han gastado millones de dólares en investigación”. El periodista, con buen criterio, le pregunta: “¿quién financia estos trabajos?”. Él contesta: “Las operadoras de telefonía pagan una parte importante de la investigación, que la OMS se encarga de coordinar. Bueno, en el caso del tabaco también las tabacaleras han pagado la mayoría de los estudios”. Su entrevistador le precisa: “Creo que no es un buen ejemplo, porque está demostrado que el tabaco produce cáncer”.

Continuará…

Farmacéuticas en el punto de mira de la UE

La noticia se ha publicado hasta en El País. Ya lo sabréis a estas alturas. Trataré de contaros algunas otras cosas que no se publican y/o que no se investigarán. “La Comisión Europea anunció ayer la puesta en marcha de una investigación a gran escala -redadas y registros incluidos- para averiguar si las grandes empresas farmacéuticas violan el derecho de competencia comunitario aferrándose a sus patentes y retrasando de forma indebida la salida al mercado de medicamentos genéricos”, según el que era diario independiente de la mañana.
A las autoridades europeas de Competencia les parece chocante que durante los últimos años los laboratorios farmacéuticos han puesto muchos menos medicamentos supuestamente innovadores en el mercado que lustros atrás. También, que muchos fármacos genéricos (con el mismo principio activo que los de marca pero mucho más baratos, en general, que los primeros al estar vencida la patente) no llegan a comercializarse con la debida rapidez, cuando no que directamente no aparecen.
Con respecto a lo primero, los propios portavoces de la patronal farmacéutica reconocen que es cierto que cada año les cuesta más encontrar nuevos medicamentos innovadores. No hay nada raro en ello, es verdaderamente difícil encontrar año tras año muchos fármacos innovadores de verdad.
 
Pero una de las cosas que podía investigarse es si los fármacos que son patentados como nuevos son nuevos pues la mayoría son copias de otros ya existentes que no presentan novedad terapéutica de importancia. Y esto sí que es un fraude pues se venden a altos precios como “nuevos ” productos que no merecen tal consideración.
 
Llama la atención que pese a que desde la Comisión Europea no han confirmado qué laboratorios son los investigados, la Agencia Reuters cita a Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), AstraZeneca, Johnson&Johnson, Merck y Sanofi Aventis.
 
Curioso porque hay muchos laboratorios farmacéuticos en el mundo con muy diferentes prácticas empresariales, como es lógico, pero estos están entre los doce que escogí para dedicarles un capítulo a cada uno en el segundo bloque de mi libro Traficantes de salud y que titulé Crímenes corporativos, que abunda en las prácticas irregulares de los mismos.
 
Con respecto a si ciertas farmacéuticas han intentado que se retrase la comercialización como genéricos de sus principios activos una vez vencida la patente de los mismos no puede extrañar, no es la primera vez que ocurre. Por poner un ejemplo en el que haya estado implicada alguna de las que Reuters dice que son investigadas ahora: GSK perdió hace unos años en un Tribunal de Chicago un caso que involucraba una patente estadounidense de su fármaco estrella, el antidepresivo Paxil, también conocido como Seroxat, Paroxet o Aropax.
 El periódico financiero The Wall Street Journal publicó: “el fallo significa que Paxil, que registró ventas de 3.250 millones de dólares el año pasado, podría enfrentar la competencia de imitaciones más baratas en 2004, dos años antes de lo previsto”. La sentencia mantiene que una versión genérica de Paxil, fabricada por la empresa canadiense Apotex Inc., no infringe la patente de Glaxo. La licencia de Paxil en Europa ha estado vigente hasta el año 2006.
 
Pero poco antes de acabar 2003 ya las compañías GlaxoSmithKline y Boehringer Ingelheim concedieron tras fuertes presiones sociales nuevas licencias en Sudáfrica para la fabricación de medicamentos genéricos contra el VIH/SIDA. Las dos multinacionales estaban conminadas a ello por la Comisión Sudafricana sobre Competencia. Ésta estaba dispuesta a que los responsables de las compañías declarasen ante el juez en caso de no ceder sus patentes.
 Aplicando la lógica capitalista estas compañías no sueltan sus patentes por nada del mundo. Es lícito que aprovechen al máximo sus inventos. Pero no que traten de retrasar por cualquier medio posible la introducción de genéricos. Más grave es que nieguen el derecho al acceso a medicamentos de las poblaciones empobrecidas.
 
Dentro del grupo de escapados del pelotón farmacéutico multinacional, cuidado con Sanofi Aventis. No lo digo por los varios miles de denuncias que tienen interpuestas en los tribunales por el fármaco Agreal. No. Lo digo porque es mala compañera de escapada. La firma tiene el dudoso honor de ser la primera empresa no estadounidense sentenciada por defraudar a la FDA. También ha recibido una de las multas más altas impuesta en un juicio sobre medicamentos, 33 millones de dólares. Aventis admitió los cargos de conspiración e importación de medicamentos adulterados con intención de defraudar al Departamento de Justicia de Maryland (EE.UU.).
 
Lo de las escapadas va porque durante en su carrera, Aventis ha creado o participado en lobbies a los que luego ha traicionado colaborando con la Justicia para librarse de una sanción mayor. Así lo hizo cuando la Comisión Europea multó a Degussa AG y Nippon Soda Company con 118 y nueve millones de euros respectivamente, por participar junto con Aventis, en un cártel de fijación de precios de la metionina (un aminoácido utilizado en piensos para aves de corral y cerdos).
 A Aventis se le concedió plena inmunidad ante una posible sanción porque reveló la existencia del lobby a la Comisión y proporcionó pruebas determinantes sobre su funcionamiento. La multinacional francoalemana también formó parte de un lobby de vitaminas creado por ocho compañías multado con casi 800 millones de dólares.
 
En aquella ocasión la instigadora de estos negocios ilegales fue Roche pero Aventis volvió a traicionar a sus competidoras colaborando en la investigación, que duró dos años, para así lograr la anhelada inmunidad jurídica.
 
Otro cantar o muy parecido es el de las “redadas” en las sedes de las farmacéuticas. Tampoco es la primera vez que ocurre en Europa, por desgracia. La policía italiana descubrió en 2004 la concesión de comisiones ilegales y regalos a miles de médicos italianos por parte de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline como premio por recetar sus productos a los pacientes. En la operación fueron denunciados más de 4.000 médicos.
 
Varios meses antes otro fiscal, esta vez alemán, relacionó a 1.600 médicos de dicho país con la obtención de importantes regalos de GSK. Otros 5.000 galenos del país germano se sospechaba que podían incurrir en las mismas faltas. Más de 380 visitadores médicos de SmithKlineBeecham fueron acusados de soborno.

Elevadas tasas de suicidios entre los profesionales sanitarios

¿Sabían que la de médico es una de las profesiones con mayor índice de suicidio? Pues así es. Estrés, horarios de trabajo infinitos, salarios bajos para la enorme responsabilidad que detentan (de los más bajos de Europa en relación a sus compañeros), son algunos de los motivos que llevan a los galenos a quitarse la vida.
A ellas hay que añadir la exagerada burocracia que rodea a su desempeño o la alienación que supone no disponer de tiempo para escuchar a los ciudadanos en la consulta, así como las presiones que reciben de los laboratorios farmacéuticos para ser meras máquinas extienderecetas.
La profesión médica encara cada vez más problemas. El suicido de los galenos es una de sus consecuencias
 
Este es uno más de los síntomas de que el sistema sanitario actual está enfermo. No son pocos los trabajos científicos que documentan la práctica del suicidio entre los profesionales sanitarios. El estudio El proceso de las intenciones suicidas entre los médicos: Factores predictores en una muestra longitudinal noruega, publicado en junio de 2004 en el Journal of Affective Disorders, así lo indica.
De manera triste aunque curiosa, los suicidios se producen dos veces más entre el colectivo de los veterinarios. Una de las causas es la visión que se tiene en la medicina veterinaria sobre la eutanasia, una manera de terminar con el sufrimiento de los animales, fundamenta la literatura científica publicada.
 
No deja de ser curioso también que las mujeres sanitarias se suicidan mucho más que sus compañeros de oficio. Así lo argumenta un trabajo publicado en la prestigiosa revista médica Journal of American Medical Association (JAMA). El trabajo tiene un título elocuente: Suicidio en doctores (JAMA 2001 May;55:296-300).
 
Los estudiosos están preocupados porque el suicidio es mayor en las doctoras, cada vez más representadas en el sistema sanitario
 
Otro trabajo científico realizado por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Oxford, que lleva por título Mortalidad en los médicos de diferentes especialidades, publicado en la revista Occupational and Environmental Medicine, (Vol 54, 388-395) abunda en lo mismo; las enormes tasas de suicido de las mujeres dedicadas a la medicina.
 
Dentro del colectivo médico, uno de los especialistas que más se quitan la vida son los psiquiatras y es que no deja de ser paradójico que los trabajos científicos digan que los sanitarios presentan numerosos problemas mentales derivados de su práctica laboral.
En 2003, de nuevo JAMA publicó un estudio llamado Enfrentando la depresión y el suicido en los psiquiatras (JAMA.2003;289:3161-3166.), que concluye que los psiquiatras no reciben un tratamiento sanitario adecuado.

Pero por si todos estos trabajos no fueran suficientes, la Asociación Americana de Psiquiatras publicó en diciembre de 2004 en su revista un metanálisis (un estudio de estudios ya realizados) bajo el nombre de Las tasas de suicidio entre los médicos (Am J Psychiatry 161:2295-2302, December 2004). El documento vuelve a reconocer tasas de suicidio “muy elevadas” entre los médicos en comparación con las de la población en general.

A vueltas con la polémica de Bio-Bac ¿juicio?

En breve, una de las grandes televisiones que operan en España vuelve a emitir uno de sus programas dedicados al periodismo de investigación y denuncia. En esta ocasión, el reportaje, de formato largo, versará sobre medicamentos, aunque con un resultado, desde mi punto de vista, confuso; la mezcla de temas no ha sido afortunada.
 
Uno de los asuntos que tratará este espacio es el del producto Bio-Bac, ahora denominado Renoven (que puede comercializarse en toda la Unión Europea libremente como complemento dietético aunque no como medicamento, todavía).

Para variar, y ahora explicaré por qué, que de eso se trata, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), máxima autoridad española en el control de los fármacos, rehusó participar, dar su opinión, en este documental que está en edición.

La AEMPS está dirigida en la actualidad por Cristina Avendaño, una de las personas clave en la persecución que llevó a cabo el Ministerio de Sanidad contra el productor de Bio-Bac (de esto hace ya más de cinco años), con las terribles consecuencias que ello conllevó.
 
El día 6 de marzo de 1992, Avendaño, era asesora de la Dirección General de Farmacia y funcionaria de la Subdirección General de Evaluación del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entonces, recibió un fax de Francisco Salmerón, jefe de la División de Productos Biológicos de la AEMPS y encargado de analizar los elementos procesales en los que basa la denuncia de la Agencia contra Bio-Bac -la existencia de psicotropos y hormonas del crecimiento (Orfidal y Humatrope) en la composición del producto. Estos atentarían contra la salud pública, según las autoridades. Salmerón, por cierto, ni buscó esas pruebas.
 
El caso es que en el fax indica textualmente: “He recibido tu fax del producto FR-91 (así se denominaba Bio-Bac durante los ensayos clínicos) y no parece muy adecuado el texto. No obstante pienso que un toque de las ‘alturas’, o en su defecto un ‘encantamiento’ podrían ser muy eficaces”.
A pie del citado documento, la propia Avendaño anotó de puño y letra una aclaración: “Se refiere a que Rovi (laboratorio garante) se desentienda del tema y deje a Chacón + (así en el original) indefenso ante la Administración”.
 
Cuando intenté ponerme en contacto con Cristina Avendaño para racabar su versión de los hechos y plasmarla en mi libro Traficantes de salud, ella, a través del Departamento de Prensa del Ministerio de Sanidad (yo primero había intentado la vía corta de lograr que su amable secretaria me pasara con ella directamente), dijo que no tenía nada que explicar hasta que se celebrase el juicio.
 
La Justicia en España es lenta, se sabe, pero es que la intervención policial y administrativa contra los productores de Bio-Bac, de unas dimensiones desconocidas en nuestro país para casos similares, data de octubre de 2002. Cinco años largos en los que los diversos jueces que han tenido el asunto sobre su mesa no han conseguido pasar de las diligencias previas.
 
Desde luego, el juicio se está haciendo esperar. A ver si es posible que disfrutemos del mismo en este siglo, porque creo que vamos a disfrutar. No nos vamos a aburrir. Y de paso nos enteraremos de qué sucedió.