Las leyes que prohiben el soborno a los médicos (I)

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Su honestidad y coherencia personal le han llevado a denunciar al laboratorio multinacional en el que trabajaba por presunto soborno a los médicos. Nikita es una ex visitadora médica que ha trabajado durante diez años en una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Grande por el tamaño de sus beneficios, nimia en ética. De vasta formación sanitaria y legal esta valiente y perseguida ex comercial sanitaria, asidua a este blog, nos muestra las diferentes normativas que existen relacionadas con la prohibición de «incentivos» a los médicos. Estos constituyen una práctica corrupta, inmoral e ilegal que hoy se practica en nuestro país y en todo el mundo mientras las autoridades sanitarias miran para otro lado y la mayor parte de los laboratorios se adhieren a protocolos deontológicos que más bien parecen diseñados para lavar la cara al sector.

 

 

El Código Penal Español de 1995 recoge, en su artículo 419: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa”. Artículo 423. El código Penal no especifica qué no se entiende por dádiva, presente u ofrecimiento, luego incluye todo lo que pueda inducir a una acción u omisión; en el caso de los funcionarios públicos sanitarios, incluye todo lo que pueda inducir a recetar un fármaco determinado.  «Luego todos los recursos y armas disponibles desde los departamentos de marketing y ventas tienen la finalidad de retornar la inversión, es decir, inducir a los médicos a que receten un fármaco en lugar de otro. Estas armas o recursos son: inscripciones de congresos, desplazamientos, hoteles, comidas, cursos de formación, regalos de precio inferior a 30 euros o mesas redondas», comenta Nikita.

 

 

Seguimos con las Leyes del Medicamento, no hay mucha variación ente la Ley 25/1990 y la actual Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La primera, dice su art. 7.2.: «Queda expresamente prohibido: a) el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, primas u obsequios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripcion, dispensacion y administración, o a sus parientes y personas de su convivencia”. En la actual Ley del Medicamento, encontramos en el  Art. 3.6.: «A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la prescripción, dispensación, y administración de medicamentos respecto de intereses comerciales se prohibe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos o a sus parientes y personas de su convivencia. Esta prohibición será asimismo de aplicación cuando el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que prescriban productos sanitarios». Más claro agua.

 

 

En la misma línea, se encuentra la Directiva 2001/83/CE: «no debe permitirse otorgar, ofrecer o prometer a las personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos y en el marco de la promoción de los mismos frente a dichas personas, primas, ventajas pecuniarias o ventajas en especie». «Tanto la Ley del Medicamento como la citada Directiva Europea, son un desarrollo fiel del Código Penal. La única diferencia es que el Código Penal habla de “dádiva o presente” y la Ley del Medicamento de “primas, ventajas pecuniarias o ventajas en especie”, coincidiendo ambas en no entrar en distinguir qué primas o presentes se consideran como tales y cuáles no; obviamente, porque todo presente o prima lo es por definición, aunque para los códigos éticos elaborados por la industria farmacéutica existan primas o presentes no considerados como tales», concluye esta ex visitadora.

 

He dividido esta info en dos entregas para no hacerla demasiado larga, así que el próximo capítulo se publicará en unos días, a continuación de este, y analizaremos, entre otros, el Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de los Medicamentos y de interrelación de la Industria Farmacéutica con los profesionales sanitarios, el de la patronal española Farmaindustria.

La democracia secuestrada por los intereses privados

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El pensamiento secuestrado es el último libro de Susan George. En él, su autora -culta, intelectual, amena y a ratos irónica e irreverente-, revela cómo los colectivos más intransigentes, sobre todo religiosos, relacionados con las altas esferas políticas y económicas de Estados Unidos se han apoderado, en sus propias palabras, de dicho país. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… ya sabes; por lo que cuenta esta activista de la palabra, por aquí (y por tantos países) la situación es cada vez más parecida. Una de las cinco partes en las que se divide este trabajo la ha llamado Lobbies, pasillos y sedes de poder. En ella, George describe la kafkiana situación a la que ha llegado el país norteamericano, que acumula entre sus diez lobbies o grupos de presión más influyentes a la Asociación Estadounidense de Médicos y a la Asociación Estadounidense de Hospitales. Estos, siempre según la escritora que posee la doble nacionalidad francesa-estadounidense, hacen campaña para que los ciudadanos USA nunca tengan atención médica a cargo del Estado, más barata o gratuita.

La organización social especializada en investigar el poder de los lobbies, LobbyWatch, afirma que entre 1998 y 2004 los diez primeros clientes de la industria del lobby en EE.UU. repartieron casi mil millones de dólares entre las empresas de relaciones públicas que les ayudaron a salirse con la suya. Los diez primeros lobbies son, por este orden: la Cámara de Comercio estadounidense, el Grupo Altria (alimentación y tabaco), General Electric (séptimo proveedor del Pentágono), la Asociación Estadounidense de Médicos,  Northrop Grumman (cuarto proveedor del Pentágono), el Instituto Edison Electric (patronal de la industria nuclear), Verizon Communications, Business Roundtable, la Asociación Estadounidense de Hospitales, y las farmacéuticas, Pharmaceutical Research and Manufacturers. Tres lobbies del campo sanitario entre los diez más importantes.

En Estados Unidos hacer lobby o cabildeo es una práctica incluso protegida por la Carta de Derechos pues se considera una manifestación de la «libertad de expresión». El Congreso de este país elabora cada trimestre un boletín donde explica cuánto gastan los diferentes grupos de presión en intentar, y muchas veces lograr, que se legisle a su favor -huelga decir que si se legisla a favor de un grupo de interés concreto se legisla en contra de la mayoría de la ciudadanía, de ahí el título de democracia secuestrada de este post-. El sitio web de la Comisión Electoral Federal también publica estos datos. En Europa esto no es así.

Pero, como he explicado algunas veces que me lo han preguntado, de poco sirve a los ciudadanos estadounidenses saber cuánto dinero gastan los lobbies en corromper la democracia. Lo importante es que la práctica del cabildeo, presión corporativa o lobbismo corrompe la democracia pues el ciudadano poco cuenta a la hora de que sus demandas sean satisfechas. En el capítulo El lobby farmacéutico entra en política de Traficantes de salud, cuento, gracias a la Ley de Libertad de Información de USA que proporciona estos datos, cómo las compañías farmacéuticas, mediante el dinero que proporcionan legalmente para las campañas electorales de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, consiguen que una vez en el poder sus candidatos gobiernen en función de sus intereses.

El espacio web de periodismo de investigación en favor de los intereses públicos Public Integrity, ofrece documentos actualizados sobre la financiación de los candidatos a las próximas elecciones de EE.UU. Volviendo al libro de Susan George, ella afirma que el resto de la lista de los cien primeros clientes con poder de lobby «parece un catálogo de sospechosos habituales»: petroleras, compañías automovilísticas, de las comunicaciones, del software, la banca y los seguros, la electrónica, el complejo militar y las farmacéuticas.

Las grandes empresas y las asociaciones patronales dominan la lista pues apenas aparece algún lobby relacionado con la ciudadanía a excepción de uno que representa a los agricultores y empresas agrícolas, otro de los sindicatos, una asociación de abogados procesales y tres asociaciones de personas mayores, entre ellas la Asociación Estadounidense de Jubilados, que aunque no lo crean es el lobby más eficaz según las encuestas del Congreso de EE.UU.

La democracia, en Estados Unidos, y en todo el mundo, está muy tocada por decirlo de un modo suave. Están gobernando quienes más dinero tienen y gobiernan en función de sus intereses económicos, sobre todo. Vivimos tiempos de Totalitarismo Global Corporativo pues esta dictadura que se vale en sus formas de una apariencia democrática para camuflar la realidad es la primera que el ser humano consiente en todo el planeta al mismo tiempo.

¿Que qué hacer? Debemos revisar el modo en que participamos políticamente en nuestra sociedad. Hay que crear redes, de información y de asociaciones que trabajen en temas concretos o potenciar las ya existentes, y conectarlas entre sí bajo un punto de vista plural, unidas por unos principios mínimos de respeto a los derechos humanos, independencia de los intereses privados económicos y e impulso al único gobierno posible, el de los ciudadanos, la verdadera democracia. Uno de los aspectos más importantes es recuperar la confianza en que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. En una sociedad gobernada por el mercado es un error delegar los asuntos públicos a manos privadas.

Los muertos “en nombre de la ciencia” y la ética

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Los escándalos ocurridos durante los últimos años relacionados con los ensayos clínicos que desarrollan las farmacéuticas, en ocasiones con resultados funestos, han llevado a la doctora uruguaya Aida Rey a recordar los muertos producidos “en nombre de la ciencia” en un correo publicado en e-farmacos. Quizá por ello, las organizaciones sociales Wemos y SOMO han comenzado un proyecto sobre los aspectos éticos de los ensayos clínicos que realizan los laboratorios farmacéuticos en países denominados en “vías de desarrollo”. “Deseamos comprender mejor si las compañías farmacéuticas están siguiendo las directrices existentes sobre ensayos clínicos éticos”, explica Annelies den Boer, coordinadora del proyecto de acceso a medicamentos de Wemos.

 

 

Wemos y SOMO estudian si se realiza con corrección la práctica del consentimiento informado, el uso potencial y acceso futuro después de la aprobación del fármaco o vacuna o el uso de placebos cuando los tratamientos alternativos ya estén disponibles.

 

Para que un medicamento pueda dispensarse es necesario que se demuestre su eficacia y seguridad; que no producirá daños en la salud de las personas. Esto último sólo puede comprobarse cuando el preparado lleva tiempo a disposición del público, la denominada Fase IV (antes de ponerse a la venta cada medicamento debe pasar l Fase I, Fase II y Fase III de ensayos). Profesionales sanitarios como la citada Aida Rey hablan de replantearse las clásicas fases de ensayo. Rey se pregunta en voz alta: “Con algo mas de 500 pacientes ¿se pueden sacar conclusiones de una patología que afecta a varios millones de seres humanos, como lo es la ateroesclerosis? (…) ¿Necesitamos mas fármacos para lo mismo? (…) ¿Se relacionan los beneficios frente a los costos? ¿tendremos que hacer más farmacovigilancia?”.

 

La falta de ética en los ensayos clínicos que realizan los laboratorios preocupa a los profesionales sanitarios (y no sólo en este ámbito). Hace pocos meses 17 organizaciones sanitarias firmaron la denominada Declaración de Buenos Aires sobre Ética y Ensayos Clínicos. Este documento fue aprobado por durante el Primer Taller Latinoamericano de Ética y Ensayos Clínicos que se realizó el 12 y 13 de mayo en Buenos Aires, organizado por Salud y Fármacos.

 

 

Dicha declaración presenta un contenido racional, concreto y asumible. Considera que sólo se justifica la realización de un ensayo clínico si la población sobre la que se realiza podrá beneficiarse de sus resultados. Lógico ¿verdad? Las autoridades de los diferentes países deben exigir a los investigadores de los ensayos clínicos el cumplimiento estricto de la “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos» (UNESCO, 2005). Todos los ensayos clínicos que se lleven a cabo en los diferentes países de América Latina (las organizaciones firmantes son de dicha región geográfica) deben registrarse en las agencias nacionales de medicamentos o en entidades creadas para ello. Los datos de los protocolos deben estar accesibles electrónicamente al público.

 

Para estas organizaciones, el Consentimiento Informado debe cumplir con los siguientes requisitos:

 

-La traducción debe ser realizada localmente (debe comprenderse, de nuevo, que el ámbito de aplicación es América Latina, diversa en lenguajes y culturas) y el personal independiente del ensayo clínico, debe verificar el nivel de comprensión entre los diferentes estratos sociales y étnicos que participen en el ensayo.

 

-Los comités de ética que aprueben la ejecución de los ensayos clínicos deben realizar seguimiento, desde el reclutamiento de participantes hasta la publicación de los resultados. Para ello, al aprobar el ensayo clínico se deben especificar las funciones que el comité de ética realizará. También es lógico ¿no? Además, las autoridades de salud nacionales deben establecer un registro de los comités de ética autorizados, de los centros de investigación que hayan comprobado su capacidad para realizar ensayos clínicos, así como de los investigadores que hayan demostrado la debida idoneidad para realizarlos.

 

-Los nuevos medicamentos en investigación en ensayos clínicos deberán ser comparados con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes. El placebo sólo puede emplearse cuando no hay procedimientos terapéuticos probados o en forma excepcionalmente calificada cuando este procedimiento sea indispensable.

 

“Condenamos la realización de ensayos clínicos uno de cuyos objetivos sea promocionar la comercialización de medicamentos. Para obtener la autorización de ensayos clínicos, la industria farmacéutica debe comprometerse a que si los medicamentos resultan útiles, sean económicamente accesibles a la población y salud pública local”, argumentan dichas organizaciones. Y así la lista de ideas acordadas se extiende hasta alcanzar un marco ético de lo más razonable.

 

 

¿Qué quienes son las organizaciones que suscriben estos argumentos? Acción Internacional para la Salud, Asociación Mexicana para el Uso Racional de Medicamentos, Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad Nacional de Brasilia, Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Colombia, Centro Universitario de Farmacología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Comité de Defensa de los Derechos del Consumidor- Bolivia, Drug Utilization Research Group, Latinoamérica, Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (Colombia), Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento, International Health Central American Institute Foundation, Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de UNESCO, Salud y Fármacos y Sociedade Brasileira de Vigilancia de Medicamentos.

Fruta amarga: la trastienda de la producción frutícola

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Hace algunos meses se publicó un libro muy valioso cuyo autor me consta que ha trabajado durante muchos años investigando para escribirlo. Se trata de El parque de las hamacas: El químico que golpeó a los pobres (Icaria Editorial, 2008). Lo ha escrito un activista social castellonense, Vicent Boix Bornay, que desde 2001 en que viajó por primera vez a Nicaragua ha seguido de cerca los efectos de los productos químicos utilizados para la producción de frutas en dicha región. Compañías multinacionales de las que se abastecen, por lo general, los comercios que nos rodean, llevan explotando y envenenando impunemente a los trabajadores de América Latina durante décadas. El testimonio de Vicent es muy valiente y comprometido y el estilo que gasta este joven es muy accesible al público, que podrá disfrutar letra a letra, por paradójico que parezca, del valor de la palaba solidaridad contenido en sus páginas. Las fotos que acompañan esta información son de Piet den Blanken. Tanto Piet como Vicent hacen un trabajo inconmensurable en favor de personas que no cuentan en el actual modelo económico, tratadas como bestias por las empresas hortofrutícolas. Estos compañeros dan voz a quienes nos recuerdan con sus existencias el amargo mordisco de la fruta podrida y todos ellos, activistas y protagonistas de la historia del libro, son la garantía superviviente de que vivimos en un mundo enfermo que se alimenta del sufrimiento ajeno con la naturalidad de una fruta regada con infinitos productos químicos tóxicos.

 

 

Quería comentaros brevemente la parte que más me ha gustado de este completo libro. Se titula Algunos interrogantes sobre la ciencia. Trata de cómo el conocimiento se privatiza y se convierte en «propiedad intelectual». Cómo numerosas corporaciones, de este modo, acaparan el control de la información que determina el funcionamiento de la vida. Vicent nos cuenta cómo mediante tres estrategias los grandes sectores económicos están acaparando el conocimiento científico y prostituyendo la ciencia enfocándola hacia el mercado y desviándola de su objetivo supremo: las personas, el avance humano. En esto coincido plenamente con el autor pues a través de mis libros he podido comprobarlo.

 

 

Cada vez más, el funcionamiento de la ciencia está subordinado al capital privado, escribe Boix. Ya en el año 2000, en Estados Unidos y Japón la inversión privada era dos terceras partes del total del I+D. En la Unión Europea, el 56%. Las multinacionales que más daño social y medioambiental causan controlan las universidades e instituciones investigadoras. En segundo lugar, existen claras conexiones entre los organismos públicos y los intereses privados. Como ocurre en España, por ejemplo, la industria biotecnológica controla buena parte del Comité Asesor del Reino Unido sobre Liberaciones al Medio Ambiente, como explica el autor de El parque de las hamacas, que abunda en ejemplos similares.

 

 

En tercer lugar, las presiones sobre los científicos independientes que están haciendo descubrimientos que favorecen a las personas y que a las compañías no les interesa que se conozcan están sufriendo fuertes presiones, de tinte mafioso en muchos casos. Hay profesores censurados por denunciar la contaminación genética que produce el máiz transgénico, por ejemplo en México, y cuando los científicos no apoyan los dictados de los gobiernos pro corporaciones como el de EE.UU. son perseguidos, ignorados o presionados para que cambien su actitud crítica y ética.

 

 

Una de las conclusiones que argumenta Vicent es que «el mercado determina si una aplicación tecnológica es o no apropiada, independientemente de su importancia y de sus consecuencias para la sociedad y el medio ambiente». Para Boix, expresión que comparto: Existe un claro vínculo entre el progreso, el desarrollo tecnocientífico y la crisis ecológica. No os perdáis este exhaustivo trabajo.

 

Refinería Petronor: El gol más sucio del Athletic de Bilbao

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Tras 110 años de historia los jugadores del Athletic Club de Bilbao lucirán en su pecho durante la campaña futbolística que viene y así por tres años consecutivos al menos el anagrama controvertido de la firma petrolera Petronor. Desconozco si con renovadas energías (cambioclimáticas) bajo el mentón el mítico club de fútbol vasco meterá más goles pero lo que es seguro es que en Muskiz, población de la comarca del Gran Bilbao, la institución deportiva va a perder unos cuantos aficionados. Esta localidad soporta desde hace muchos lustros las actividades de una refinería de petróleos de Petronor y en breve puede que se amplíe con una planta de producción de coque; los conspiradores tóxicos tienen la máquina a tope para que así sea.

Petronor ha pedido Evaluación de Impacto Ambiental al Gobierno vasco para un nuevo proyecto refinero con el que pretende reducir su producción de fuel-oil, que tiene una menor demanda internacional ahora, y producir nafta, gasolina y coque. También planean construir una planta de cogeneración eléctrica para uso propio y venta a Iberdrola. Los vecinos y vecinas del bello municipio de Muskiz soportan el impacto en su salud y medio ambiente de una refinería que lleva instalada 40 años «y hasta ahora ha contaminado lo que ha querido, sin control», explican desde la Coordinadora Anti Coke de la localidad.

El proyecto supondrá la inversión de 700 millones de euros. Habrá tres nuevas chimeneas, 160 camiones diarios pasando a 200 metros de la playa La Arena y del pueblo y un aumento de todas las emisiones de contaminantes. La refinería solicitó la Autorización Ambiental Integrada para sus actuales instalaciones y el Departamento de Mediambiente del Gobierno Vasco le ha dado una resolución con la autorización condicionada al cumplimiento de unas condiciones que ocupan 20 páginas.

«En unos seis meses Petronor tendrá lista la documentación donde dice que va a hacer todos los camibios exigidos y les darán la definitiva. Lógicamente, si no tienen esa autorización tendrían que cerrar la refinería y eso es algo impensable puesto que da trabajo a unas 3.000 personas, más los beneficios a las arcas públicas a través de impuestos. El siguiente paso es la resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para el nuevo proyecto. La coordinadora ha presentado 9.000 alegaciones y una manifestación en el pueblo con asistencia de 1.100 personas», comentan desde la citada Coordinadora.

Mientras los vascos se movilizan desconocemos en qué estará pensando Juan Carlos Rodríguez Ibarra (JCRI), ex presidente de Extremadura y uno de los máximos impulsores de la construcción de una mega refinería en Tierra de Barros, la comarca más rica de Badajoz. Quizá entre su poblada barba se esboce una tímida sonrisa. Hace unas semanas, la intrépida Rosa Díez, la líder del neopartido Unión Progreso y Democracia (UPyD), (que también debió respirar los sucios aires de Muskiz en algún momento tras ejercer en el País Vasco de Consejera de Turismo), recibió uno de los típicamente demagógicos exabruptos de JCRI (al que populosamente se le conoce como El Bellotari en Extremadura). Ante las protestas de Díez porque la Junta de Extremadura apoye mayoritariamente el proyecto refinero en Tierra de Barros, JCRI le contestaba que se volviera a Bilbao a «luchar contra la del País Vasco».

Entretanto, los conspiradores tóxicos vascos mueven ficha pues el poder y la codicia no tienen fronteras. Hace muy poco Josu Jon Imaz, ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha sido nombrado nuevo presidente de Petronor. Además, es consejero de Iberdrola. Una de sus primeras actuaciones ha sido presentar la nueva camiseta del Athletic (como puede apreciarse en la foto de arriba). El club percibirá dos millones de euros por cada una de las tres temporadas que la lucirán los jugadores.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Muskiz lo componen cuatro concejales de EA (Eusko Alkartasuna) y tres del PSOE. El PNV está en la oposición con seis concejales. EA está en contra de la planta. Tienen alcalde y concejal de Medioambiente. El PSOE está a favor y el PNV dice que no está ni a favor ni en contra pero que si la llevan a cabo que se cumpla la normativa. «Lo cierto es que el PNV ha estado 35 años con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y ha dejado hacer a Petronor lo que ha querido», indican los vecinos de Muskiz. Ahora, con el nombramiento de Imaz como máximo responsable de la planta de refino se entiende dicha actitud. Quien debe decidir si la Evaluación de Impacto Ambiental es positiva es la Consejería de Medioambiente del Gobierno Vasco, que está en manos de EA. ¿Podrán los conspiradores tóxicos «convencer» a los responsables de dicha refinería de la «limpieza» de su proyecto cambioclimatizador?

Por su parte, (alguien faltaba a la fiesta petroleada, ¿que quién?), el líder del Partido Popular vasco, Antonio Basagoiti, se reune estos días con Imaz en la propia refinería de Muskiz durante una visita pública a las instalaciones. Imaz, ex consejero de Industria, explica al dirigente del PP el proyecto de la planta de coque.

Petróleos del Norte S.A. (Petronor) fue constituida en Bilbao en 1968. Tras diferentes modificaciones de su composición accionarial, los socios que la componen en la actualidad son: Repsol (85,98%) y Bilbao Bizkaia Kutxa-BBK (14,02%). Cómo me recuerda todo esto a la situación que está produciéndose en Extremadura. Los dos ex presidentes (uno del Gobierno extremeño y el otro del partido vasco más importante) apoyando los intereses de las empresas vasco-españolas más importantes Petronor-Repsol-Iberdrola-BBK, en contra de la voluntad de los ciudadanos. Y es que Imaz e Ibarra-Ibarra e Imaz tienen el mismo concepto de algo que han manifestado ambos públicamente «hacer país». A costa de la salud y el medio ambiente de todos.