Con tu salud no se juega

Hace unos días Antoni Esteve, presidente de Farmaindustria -la patronal de los laboratorios farmacéuticos que operan en España-, recibió una visita muy especial. Se trataba de un equipo de periodistas que están rodando un documental sobre la manipulación que, según ellos, está sufriendo el sistema de suministro de medicamentos español a manos de las grandes multinacionales farmacéuticas.
 El interés de la patronal por el tema es máximo, lo demuestra que fuera su primer espada el que lidiara, si me permiten el simil taurino, con este asunto y las incómodas preguntas de sus invitados. Los representantes de la industria también mostraron interés en algo que se salía del guión: Beatriz Lozano, del Departamento de Comunicación de Farmaindustria, preguntó a estos documentalistas si entrevistarían para su trabajo audiovisual a Miguel Jara. Al parecer en todas las capas del sector sanitario existe curiosidad por conocer qué cuenta este autor en sus libros Traficantes de salud y Conspiraciones tóxicas.
En nuestro sistema sanitario, como saben, está garantizado por Ley el abastecimiento de medicamentos de todas las farmacias, de modo que incluso los habitantes de las comarcas más remotas puedan disponer de una farmacia cercana y bien surtida a la que acudir en caso de necesidad.
 

Pero ciertas decisiones empresariales, que buscan el enriquecimiento de los grandes laboratorios a cualquier precio, están produciendo un desabastecimiento de fármacos en las boticas. Por ello acaba de nacer la plataforma ¡Con mi salud no se juega!, que advierte que “las presiones de ciertas compañías farmacéuticas son la causa de que los ciudadanos no puedan encontrar sus medicinas en las farmacias”.

 
Y continúan: “La venta directa, el doble precio, uno para aquellos medicamentos que el mayorista demuestra que dispensan en el territorio nacional y otro más alto para los que se exportan a otros países, contratos selectivos con distribuidoras que a juicio de cada laboratorio llegan a cubrir las necesidades de toda la sociedad discriminando a las que cuentan con menos cuota de mercado, o el establecimiento de cupos en el suministro de fármacos a los mayoristas, son algunas de las artimañas a las que las multinacionales farmacéuticas están sometiendo al sistema de distribución español”.
 
Numerosas farmacias no pueden elegir el mayorista que mejor se adapta a sus necesidades de ubicación y periodicidad de dispensación, sino que tienen que optar por aquellos con quien deciden operar los laboratorios.
 
Este panorama provoca que muchas farmacias situadas en zonas alejadas de los centros urbanos o aquellas cuyos pedidos no repercuten en las ganancias deseadas por ciertas corporaciones queden exentas de suministro.
 

La polémica comienza a estallar estos días en que la prensa recoge noticias sobre que la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha denunciado ante la Comisión Nacional de Competencia deficiencias en el suministro de medicamentos de varios laboratorios, lo que ocasiona desabastecimiento en las farmacias.

La plataforma ¡Con mi salud no se juega! recoge firmas para revertir esta situación.

Estupefacientes legales y muy rentables

Como ya saben, Eduardo Marcelo Cocca, ejemplar y censurado catedrático argentino descubrió, junto con sus 50 alumnos de la Universidad Kennedy de Buenos Aires, que el medicamento Dazolin (de la casa Roux-Ocefa), un descongestionante nasal, presenta una diferencia del 37.500% entre el precio al que compra el principio activo el laboratorio productor y al que lo vende.
Este fármaco, a base de nafazolina, actúa como descongestivo nasal, nos cuenta Cocca, que afirma que “produce adicción y dependencia y según el artículo 77 del Código Penal Argentino, se consideran estupefacientes toda sustancia susceptible de producir dependencia o adicción, razón por la cual debería ser considerado un estupefaciente y venderse únicamente bajo receta archivada y no alegremente y sin receta a pesar del rótulo de venta bajo receta”.
Y es que en Argentina hay varias maneras de dispensar medicamentos. Venta libre; venta bajo receta, el modo más común; venta bajo receta archivada, para psicotrópicos; y venta legalmente restringida, para estupefacientes con recetas provistas por salud pública y archivadas por la farmacia.

Dazolin no es ni mucho menos el único medicamento con el que se obtienen tan fantásticos beneficios. La investigación de Cocca y sus alumnos deparó otras “sorpresas” o no tanto. Así, el omeprazol, Losec, del laboratorio Astra, en un país recién salido como el que dice de una fortísima crisis, presenta un 33.130% de diferencia entre el precio al que compra el principio activo el fabricante y el precio al que lo vende en las farmacias.

El conocido Voltaren, de Novartis, ofrece un 27.223% de diferencia; el Valium de Roche, un 20.141%; Feldene de Pfizer, un 12.860%; o Adalat, de Bayer, un 6.671%. Cipro, el famoso medicamento con el que Bayer chantajeó al mismísimo gobierno de Estados Unidos en los meses posteriores al 11-S (era el preparado supuestamente ideal para combatir con éxito el anthrax) en Argentina ofrece un 1.560 entre lo que cuesta y a lo que se vende, datos siempre según los estudios del profesor Cocca.

El regreso de la controvertida Talidomida

Hace unos días la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA, por sus siglas en inglés) ha dado su visto bueno a la aprobación de la muy controvertida Talidomida como medicamento paliativo para el cáncer de médula osea, mieloma. Según los estudios presentados por el laboratorio fabricante, Pharmion, su producto puede alargar la vida de enfermos terminales durante 18 meses. Las víctimas del fármaco en España (unas 200 asociadas en Avite -que calculan que puede haber 3.000 afectados todavía-) han manifestado su apoyo a los familiares de esta enfermedad y su alegría de que puedan ver mejorada su existencia. Pero también han querido alertar a las autoridades sanitarias europeas, a los consumidores y, en general, a toda la población, sobre la extrema peligrosidad del medicamento que en su día inventó Heinrich Mückter, un médico de la empresa Chemie Grünenthal de pasado nazi (en breves fechas ampliaremos con numerosos datos este particular).
 
“Lo que exigimos es que los controles que se van a realizar a personas que lo toman, hombres y mujeres, sean reales, para evitar que puedan nacer nuevos bebes sin brazos y sin piernas, como sigue ocurriendo por todo el mundo. Ni la EMEA ni el laboratorio Pharmion nos dicen quién se haría cargo de esos bebes que pudieran nacer mutilados”, explica un portavoz de Avite.
 
Hace ya 50 años que ocurrieron los nacimientos con malformaciones tras el consumo de Talidomida y aún hoy España e Italia son los dos únicos países del planeta que no han reconocido a sus víctimas, cuando se está aprobando el fármaco para otro uso.
 
La Talidomida es un peligroso principio activo que Pharmion lleva tres años largos intentando que se apruebe para el mieloma. Las víctimas exigen controles exhaustivos para su comercialización pues su nocividad es tan grande que con sólo tocarlo entra rápidamente en el cuerpo y llega a la sangre, como confirman los laboratorios productores. De hecho, en la fábrica de Pharmion en el Reino Unido sólo la manipula personal de sexo masculino para evitar que en caso de ser tocada por mujeres embarazadas los fetos tengan problemas.
 
Una de las particularidades de la nueva-vieja Talidomida es que el tratamiento para un mes, que estará financiado por la Seguridad Social, está estimado que costará más de 1.200 euros. Esto supone un enorme negocio para los laboratorios productores pues el coste de la materia prima ronda los 0,10 euros.

La EMEA ofrece su visto bueno sin escuchar las advertencias de los afectados por la Talidomida de que existen numerosos informes críticos sobre el producto. “A nosotros la EMEA sólo nos ha enseñado los que son favorables al fármaco”, reconocen las víctimas españolas. Cabe recordar que la máxima institución europea en el control de la seguridad y eficacia de los medicamentos no realiza estudios independientes cuando una compañía solicita la aprobación de uno de sus preparados.

Se limita a analizar la documentación aportada por el laboratorio, eso sí, con ingentes equipos de científicos, en concreto tres profesionales sanitarios por cada comité de cada país. Parece que en este caso la EMEA se fía de unos laboratorios a los que el pasado les persigue, como lo demuestra la mera existencia de víctimas vivas del Holocausto Talidomida.

Una consulta sobre genéricos y patentes

Me escribe una persona que comenta que hace no mucho fue a la farmacia y preguntó por un medicamento para el asma. “No recuerdo si era budesonida (Pulmicort, de AstraZeneca) o la combinación de budesonida y formoterol (Symbicort o Rilast, de AstraZeneca)”, comenta. Esta persona se pregunta si no existe en la modalidad de genérico. “Más que nada porque este último (sin receta de la Seguridad Social) cuesta unos 63€”, indica este ciudadano.
La farmacéutica le contesta que no, “ya que se les obligaba (por parte de la Administración) a poner un precio mínimo que curiosamente era el mismo que el de las grandes farmacéuticas, y por tanto no podrían competir con ellas”. ¿Es esto cierto?, ¿obligan a fijar un precio mínimo a los genéricos? Para satisfacer la curiosidad de esta persona y la de otras muchas, pues en el foro de Tele5 tras la emisión de los reportajes sobre sobornos a médicos para que receten medicamentos de marca se han planteado estas cuestiones, me he puesto en contacto con un farmacéutico de confianza.

Este farmacéutico me ha contestado que la gran pregunta es si a los genéricos se les obliga a ponerles un precio mínimo que, curiosamente, coincide con el de las marcas. Pues bien, eso no es cierto. Las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) surgen a partir de los diez años de que se comercializa la marca y su precio se fija siguiendo el protocolo normal para fijación de precios en España (se entrega una memoria a la que se acompañan los gastos de comercialización, y otros trámites).

Generalmente, el PVP de una EFG cuando aparece en el mercado suele ser un 30% menor que el de la marca. Posteriormente, al menos una vez al año, el Estado fija los llamados Precios de referencia que son los precios mayores que la Administración central paga por cada conjunto homogéneo (conjunto de medicamentos de un mismo principio activo que el genérico) y es posible que el PVP inicial del genérico baje respecto al inicial, pero cuando el médico prescriba por principio activo se debe dispensar obligatoriamente el genérico.

En resumidas cuentas, “un genérico es siempre un 30% más barato que la marca, lo que sucece en el caso de esa persona es que el medicamento que toma para el asma aún no tiene genérico. Pero en ningún caso se le obliga a poner un precio similar al de marca. Eso nunca”, comenta el farmacéutico consultado.

Farmacéuticas en el punto de mira de la UE

La noticia se ha publicado hasta en El País. Ya lo sabréis a estas alturas. Trataré de contaros algunas otras cosas que no se publican y/o que no se investigarán. “La Comisión Europea anunció ayer la puesta en marcha de una investigación a gran escala -redadas y registros incluidos- para averiguar si las grandes empresas farmacéuticas violan el derecho de competencia comunitario aferrándose a sus patentes y retrasando de forma indebida la salida al mercado de medicamentos genéricos”, según el que era diario independiente de la mañana.
A las autoridades europeas de Competencia les parece chocante que durante los últimos años los laboratorios farmacéuticos han puesto muchos menos medicamentos supuestamente innovadores en el mercado que lustros atrás. También, que muchos fármacos genéricos (con el mismo principio activo que los de marca pero mucho más baratos, en general, que los primeros al estar vencida la patente) no llegan a comercializarse con la debida rapidez, cuando no que directamente no aparecen.
Con respecto a lo primero, los propios portavoces de la patronal farmacéutica reconocen que es cierto que cada año les cuesta más encontrar nuevos medicamentos innovadores. No hay nada raro en ello, es verdaderamente difícil encontrar año tras año muchos fármacos innovadores de verdad.
 
Pero una de las cosas que podía investigarse es si los fármacos que son patentados como nuevos son nuevos pues la mayoría son copias de otros ya existentes que no presentan novedad terapéutica de importancia. Y esto sí que es un fraude pues se venden a altos precios como “nuevos ” productos que no merecen tal consideración.
 
Llama la atención que pese a que desde la Comisión Europea no han confirmado qué laboratorios son los investigados, la Agencia Reuters cita a Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), AstraZeneca, Johnson&Johnson, Merck y Sanofi Aventis.
 
Curioso porque hay muchos laboratorios farmacéuticos en el mundo con muy diferentes prácticas empresariales, como es lógico, pero estos están entre los doce que escogí para dedicarles un capítulo a cada uno en el segundo bloque de mi libro Traficantes de salud y que titulé Crímenes corporativos, que abunda en las prácticas irregulares de los mismos.
 
Con respecto a si ciertas farmacéuticas han intentado que se retrase la comercialización como genéricos de sus principios activos una vez vencida la patente de los mismos no puede extrañar, no es la primera vez que ocurre. Por poner un ejemplo en el que haya estado implicada alguna de las que Reuters dice que son investigadas ahora: GSK perdió hace unos años en un Tribunal de Chicago un caso que involucraba una patente estadounidense de su fármaco estrella, el antidepresivo Paxil, también conocido como Seroxat, Paroxet o Aropax.
 El periódico financiero The Wall Street Journal publicó: “el fallo significa que Paxil, que registró ventas de 3.250 millones de dólares el año pasado, podría enfrentar la competencia de imitaciones más baratas en 2004, dos años antes de lo previsto”. La sentencia mantiene que una versión genérica de Paxil, fabricada por la empresa canadiense Apotex Inc., no infringe la patente de Glaxo. La licencia de Paxil en Europa ha estado vigente hasta el año 2006.
 
Pero poco antes de acabar 2003 ya las compañías GlaxoSmithKline y Boehringer Ingelheim concedieron tras fuertes presiones sociales nuevas licencias en Sudáfrica para la fabricación de medicamentos genéricos contra el VIH/SIDA. Las dos multinacionales estaban conminadas a ello por la Comisión Sudafricana sobre Competencia. Ésta estaba dispuesta a que los responsables de las compañías declarasen ante el juez en caso de no ceder sus patentes.
 Aplicando la lógica capitalista estas compañías no sueltan sus patentes por nada del mundo. Es lícito que aprovechen al máximo sus inventos. Pero no que traten de retrasar por cualquier medio posible la introducción de genéricos. Más grave es que nieguen el derecho al acceso a medicamentos de las poblaciones empobrecidas.
 
Dentro del grupo de escapados del pelotón farmacéutico multinacional, cuidado con Sanofi Aventis. No lo digo por los varios miles de denuncias que tienen interpuestas en los tribunales por el fármaco Agreal. No. Lo digo porque es mala compañera de escapada. La firma tiene el dudoso honor de ser la primera empresa no estadounidense sentenciada por defraudar a la FDA. También ha recibido una de las multas más altas impuesta en un juicio sobre medicamentos, 33 millones de dólares. Aventis admitió los cargos de conspiración e importación de medicamentos adulterados con intención de defraudar al Departamento de Justicia de Maryland (EE.UU.).
 
Lo de las escapadas va porque durante en su carrera, Aventis ha creado o participado en lobbies a los que luego ha traicionado colaborando con la Justicia para librarse de una sanción mayor. Así lo hizo cuando la Comisión Europea multó a Degussa AG y Nippon Soda Company con 118 y nueve millones de euros respectivamente, por participar junto con Aventis, en un cártel de fijación de precios de la metionina (un aminoácido utilizado en piensos para aves de corral y cerdos).
 A Aventis se le concedió plena inmunidad ante una posible sanción porque reveló la existencia del lobby a la Comisión y proporcionó pruebas determinantes sobre su funcionamiento. La multinacional francoalemana también formó parte de un lobby de vitaminas creado por ocho compañías multado con casi 800 millones de dólares.
 
En aquella ocasión la instigadora de estos negocios ilegales fue Roche pero Aventis volvió a traicionar a sus competidoras colaborando en la investigación, que duró dos años, para así lograr la anhelada inmunidad jurídica.
 
Otro cantar o muy parecido es el de las “redadas” en las sedes de las farmacéuticas. Tampoco es la primera vez que ocurre en Europa, por desgracia. La policía italiana descubrió en 2004 la concesión de comisiones ilegales y regalos a miles de médicos italianos por parte de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline como premio por recetar sus productos a los pacientes. En la operación fueron denunciados más de 4.000 médicos.
 
Varios meses antes otro fiscal, esta vez alemán, relacionó a 1.600 médicos de dicho país con la obtención de importantes regalos de GSK. Otros 5.000 galenos del país germano se sospechaba que podían incurrir en las mismas faltas. Más de 380 visitadores médicos de SmithKlineBeecham fueron acusados de soborno.

El precio de los medicamentos

Una de las estrategias que utilizan los lobbies industriales es la presión sobre científicos y académicos que realizan averiguaciones que no convienen a los intereses del sector. Esto ocurre, por ejemplo, con el lobby de la telefonía móvil y la contaminación electromagnética o el del sector químico, ciertos científicos españoles como Nicolás Olea, de la Universidad de Granada o Julio Gómez-Perretta y Manuel Portolés, del Hospital La Fe de Valencia, lo han sufrido en sus carnes. Como profesor de la Universidad Kennedy de Buenos Aires (Argentina), Eduardo M. Cocca enseñaba cinco asignaturas, entre ellas Ejercicio y Administración Farmacéutica. Como él mismo explica: “tenía más de 50 excelentes alumnos, inquisitivos, ávidos de adquirir conocimientos. Mi misión, además de enseñar Legislación Farmacéutica, era explicarles cómo es esta actividad comercialmente”.
 
Tal es así, que como trabajo práctico averiguaron al azar el costo de un preparado que se utiliza como descongestivo nasal en gotas, droga a base de nafazolina que lleva más de 40 años en el mercado. Consultado el proveedor más importante para la industria farmacéutica, contestó que el costo por frasco era de 0,03 centavos y que se vende por 11,25 pesos. “Esto significa un beneficio por unidad del 37.500%, algo que no tiene parangón con ninguna actividad lícita”, indica el maestro.
 
El 5 de junio de 2007, el profesor Cocca fue invitado a una conferencia en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se realizaron unas Jornadas sobre “Ética y Medicamentos”. Al evento, asistieron legisladores, funcionarios de los gremios profesionales, representantes de las patronales farmacéuticas, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios. Finalizada la jornada podían exponerse posiciones de cada uno que quisiera hablar: “Yo fui uno de ellos -narra el catedrático- y en particular me dirigí a las Cámaras de la Industria, a los que tenía a pocos metros. El drama, expliqué, es la accesibilidad de nuestro pueblo a los fármacos, se nos mueren compatriotas, en particular niños, muchos de ellos muy pequeños y esta gente sin ninguna culpa gana el 37.500%. Esto es un escándalo de proporciones y el Estado debe y puede solucionarlo, no puede hacerse el distraído”.

Altos funcionarios censuran para proteger los intereses de determinados laboratorios farmacéuticos

La respuesta a las palabras de Cocca no se hizo esperar, no para intentar solucionar el tema sino para quitárselo de enmedio. “Me citó mi Decano, el doctor Capón Filas y la directora de Farmacia, farmacéutica Magariños, y con un discurso Kafkiano e hiriente, me quitaron la cátedra de Farmacia. Días después todas las demás. No estoy arrepentido, no puedo ser cómplice de tamaño despropósito”, concluye este profesional, que no ha tenido inconveniente en publicar su último sueldo: 231 pesos, aguinaldo incluido.

 
Esto demuestra una vez más que en cualquier país puede existir democracia de hecho al mismo tiempo que la censura sobre quienes cuestionan el orden establecido intenta borrar del mapa las voces honestas que denuncian las injusticias.