El enfoque de la depresión según un libro sobre Prozac

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Me envía mi buen amigo Juan Pundik, psicoanalista afincado en Madrid, su libro Prozac ¿sí o no? Indicaciones y contraindicaciones (Editorial Filium). Pundik es el fundador de la Plataforma contra la medicalización de la infancia, que creó a raíz de la aprobación por parte de las autoridades sanitarias de la Unión Europea del medicamento Prozac para la depresión infantil. No he podido terminarlo pero me parecen muy destacados algunos comentarios que hace este profesional. Lo cierto es que en 2006 la Agencia Europea del Medicamento aprobó Prozac para niños sin investigaciones ni verificaciones propias. Lo hizo olvidando las alarmantes advertencias de la institución que controla los fármacos en Estados Unidos, la FDA. Las reacciones adversas que constata el propio fabricante son escalofriantes: ansiedad, nerviosismo, insomnio, temblor, anorexia, náuseas, mareo, cefalea, arritmia cardíaca, anomalías hepáticas, síndrome cerebral agudo, convulsiones, reacciones maníacas, disfunción sexual, alopecia o visión borrosa, entre otras muchas. Además, puede incitar al suicidio en niños y jóvenes.

 

 

Pese a ello, se aprobó para una enfermedad que Pundik cuestiona en su libro. El DSM-IV es la «biblia» de la psiquiatría, el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Cuenta este psicoanalista que este libro «ha dejado de ser estrictamente el manual estadístico y diagnóstico inicial para constituirse en un manual de psiquiatría generalizado para uso no sólo de psiquiatras sino además de médicos generalistas» y demás profesionales sanitarios. Pundik advierte que el DSM-IV define el trastorno mental como un síndrome comportamental y deriva su tratamiento hacia lo medicamentoso. Él cuestiona los medicamentos potencialmente venenosos, entre los que incluye Prozac (fluoxetina), anfetaminas, paroxetina o el metilfenidato (Ritalin-Rubifen-Concerta), con el que se trata a seis millones de niños sólo en EE.UU. Muy interesante pues la crítica que Pundik hace de las prácticas de la industria farmacéutica, del enfoque común de la depresión y de Prozac en concreto y el papel de unas autoridades europeas que, legalmente, no lo olvidemos, hacen el trabajo de funcionario sellapapeles para los laboratorios.

 

 

Más aún, considera que el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno inventado por la industria farmacéutica «que es la que paga el DSM-IV y a sus autores», que ese trastorno «no existe como tal». «Es probable que muchas personas, como Churchill y Phels (el ocho veces medalla de oro olímpico en natación en Pekín) sean ‘niños hiperactivos’. El padre de Phels así lo contó a los medios de comunicación, así como también que había reemplazado la Ritalina por la natación. Es probable que seamos ‘adultos hiperactivos’. No hay nada más que ver la cantidad de actividades que realizamos. Los niños muy activos, inquietos y curiosos dan más trabajo a sus padres, cuidadores y educadores. Pero son los que pueden dar líderes políticos como Churchill o campeones olímpicos como Phels», comenta Pundik.

 

«En todo caso -continúa-, deberíamos preocuparnos por los muy quietos, calladitos, sumisos y obedientes que son los que les allanan el camino a los dictadores y gobiernos totalitarios, aunque sean más ‘cómodos’ para sus padres, cuidadores y maestros. El niño debe ser respetado en su subjetividad. Puede que no esté prestando atención a las explicaciones de su profesor, que no le interesan, porque su energía esté puesta en intentar resolver sus conflictos personales o familiares: timidez, falta de autoestima, falta de amistades, cambios corporales, dificultades económicas familiares, discusiones o peleas de sus padres. Puede que su depresión sea el proceso elaborativo de un duelo por pérdidas: muerte de un familiar, mudanza y cambio de casa y barrio, castigos que le impiden tener la consola, el ordenador o el móvil, pérdida de amigos o rechazo de chico o chica. Estos procesos elaborativos, que son mucho más importantes que gran parte de las explicaciones que suelen dar los profesores, deberían ser respetados, ni diagnosticados, ni medicados, ni genéricamente psicoanalizados, aunque sí escuchados e intentados comprender». Sobre su experiencia cotidiana narra: «Habitualmente, cuando los padres nos consultan por estas preocupaciones, no ‘psicoanalizamos’, aunque nuestro entrenamiento y escucha psicoanalíticas nos permiten detectar la problemática familiar o del niño/niña, proponemos pautas para cambiar ciertas dinámicas familiares y le damos tanto a los padres como a los niños un ámbito de escucha y comprensión».

 

 

Pundik comenta que en el caso de Prozac, pero también en el de muchos fármacos, los intereses comerciales fabrican la clínica sin contar con las vicisitudes de cada individuo. Se homogenizan los síntomas para que el abanico de personas diagnosticables y por tanto consumidoras de estos fármacos sea lo más amplio posible. El libro de Pundik rezuma sensibilidad, compromiso social, inteligencia, saber hacer y estar. Una frase para la polémica: «Una persona sana es que ha sido mal examinada», pronunciada por Robert Knox, anatomista del Colegio Médico de Edimburgo en 1820. «Esta afirmación se corresponde con el pensamiento exactamente opuesto al que yo propugno. Las personas estamos sanas salvo que pruebas objetivas demuestren muy clara y decisivamente que padecemos de una enfermedad orgánica. Ni la depresión ni el supuesto TDAH son ni enfermedades, ni trastornos, ni síndromes», concluye.

Editores que hacen lobby para la industria automovilística

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En plena Semana Europea de la Movilidad como estamos -aunque los «malos humos» nos recuerden lo contrario- nos enteramos del concepto de «movilidad sostenible» que tienen algunos editores españoles. El pasado mes de abril se debatió en el Parlamento Europeo una propuesta de enmienda relativa a la información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los coches nuevos. A los fabricantes de automóviles no les interesa que en la publicidad que realizan en los periódicos sobre sus vehículos figuren los datos de consumo y de emisiones de CO2. En una sociedad preocupada por los graves problemas ambientales que la acechan y más si cabe por el cambio climático, y en un contexto de crisis económica global, esos datos son «puntos negativos» para vender un coche. La propuesta incidía en aumentar la información sobre cuánto combustible consume el vehículo y cuántos gramos por kilómetro emite a la atmósfera, algo que ya se ofrece en la publicidad impresa. Por ello, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y a la Asociación de Revistas de Información (ARI) enviaron una carta a los europarlamentarios para exponer su punto de vista, coincidente con el de los fabricantes de automóviles.

 

En un email dirigido a David Hammerstein, europarlamentario de Los Verdes, Ignacio M. Benito García, director general de AEDE, y Carlos Ramos, presidente de ARI, comienzan su apuesta dejando claro cuales son sus poderes: 91 diarios, el 92% del mercado español, una audiencia de 13,7 millones de lectores anuales y 1.800 millones de euros por año en ingresos publicitarios la primera y 450 revistas, 20 millones de lectores y 722 millones de euros en publicidad la segunda.

«Ambas asociaciones creen oportuno hacerle llegar su opinión respecto al Borrador de Propuesta de Enmienda que está elaborando actualmente la Comisión Europea de la Directiva 1999/94/CE sobre el etiquetado del consumo de combustible y emisión de CO2 de los automóviles y que pretende hacer más restrictiva la regulación existente para la publicidad de los automóviles», explican en la misiva.

«La industria automovilística es uno de los mayores anunciantes de entre todos los que aportan ingresos publicitarios para los medios escritos y no sólo en España sino en toda la Unión Europea, llegando a representar para algunos diarios hasta el 20% de sus ingresos publicitarios. Por ello, cualquier restricción publicitaria -incluida cualquier forma de obligatoriedad de inclusión de información en los anuncios- es una cuestión enormemente sensible que afectará a la publicidad de los medios de comunicación tradicionales, además de no lograr ningún objetivo medioambiental según ponen de manifiesto varios estudios» (sic), argumentan.

En palabras de estas dos asociaciones patronales «la industria automovilística es un sector vital para colaborar a que la prensa escrita siga manteniendo su independencia, diversidad y viabilidad económica». Resulta de algún modo paradójico también el concepto de independencia que ofrecen estas asociaciones pues unos párrafos más adelante de dicha carta continúan: «Los consumidores pueden ser informados de los aspectos de combustible y emisiones de CO2 en otras etapas del proceso de compra del automóvil, como puede ser en el propio concesionario o en las páginas web de las marcas».

Los editores reunidos en estas asociaciones, si tienen conocimiento y aprueban lo que estas afirman, están perdiendo una oportunidad inigualable para utilizar la publicidad y su oferta impresa para comunicar a los ciudadanos cuan poco combustible necesitan para funcionar los modelos más avanzados de la industria automovilística y cuan poco contaminan. Aunque no queda claro si la función de los editores es ofrecer diarios y revistas con contenidos informativos de calidad o hacer lobby para las industrias que mantienen su negocio con la publicidad. En todo caso se supone que los anunciantes pagan por el espacio que se les cede en las publicaciones ¿o por algo más?

Afectadas por el medicamento Agreal protestan en el Congreso de los Diputados

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La semana pasada dos mujeres, María Ascensión Mirete y María del Carmen Martínez, portavoces de la Asociación Enfermas del Agreal, afectadas por el medicamento para los sofocos de la menopausia, producido por el laboratorio Sanofi Aventis, acudieron al Congreso de los Diputados. Cuando el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero abandonaba el estrado y Rajoy, jefe de la oposición, se disponía a hablar, lanzaron al hemiciclo algunas de las pastillas de medicamento y profirieron gritos reclamando una mejor atención sanitaria. En esta entrevista explican sus motivos.

 

-¿Qué motivo os ha llevado a realizar esta protesta?

-Nos hemos dirigido en numerosas ocasiones al Ministerio de Sanidad y Consumo, a la Agencia Española del Medicamento, a la Fiscalía General del Estado o al Defensor del Pueblo para denunciar el Caso Agreal. Hemos pedido reuniones con el ministro de Sanidad, Soria, y las señoras Avendaño, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Pagés, Asesora del Gabinete del Subsecretario de Sanidad. Los médicos no nos quieren atender en relación con el medicamento (que tiene como principio activo Veralipride, hemos tenido que ser nosotras las que llevamos la orden de retirada del medicamento (a los doctores) porque ellos no sabían nada. Estamos enfermas de por vida.

 

 

-¿Por qué habéis elegido el Congreso de los Diputados?

-Era el primer día de Pleno después de las vacaciones y acudimos al Congreso porque ya no tenemos manera de ser atendidas y nuestra indignación es muy grande.

 

-¿Qué efectos nocivos o secuelas os ha provocado el medicamento Agreal, del que sois víctimas?

-Parkinson, disquinesias tardías, temblor esencial, depresión mayor, acatisia (movimientos anormales incontrolables), dolores de cabeza, tensiones musculares, arritmias, síncopes, prolongación del intervalo QT (Dilatación auricular en el corazón), síndromes extrapiramidales, etc. Nos han dado un antipsicótico que nos ha manipulado el hipotálamo para variar nuestro ritmo habitual de temperatura corporal.

Los doctores de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), Dra. Mª Teresa Alfonso Galán, Dr. D. Antonio Piga Rivero y Dr. D. Mariano Betés de Toro, han realizado un estudio exhaustivo sobre el medicamento Agreal y llegan a la misma conclusión que el equipo de expertos de la Agencia Europea del Medicamento: «Con los tratamientos con Veralipride se han descrito reacciones adversas somáticas y psíquicas». 
 

-¿El medicamento está retirado de todos los países?

– No, sólo de los países integrantes de la Unión Europea (por orden de la Comisión Europea), Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile y Perú.

 

 

-¿En el resto del mundo se vende aún?

-Sí, sabemos que se sigue vendiendo en México, en Marruecos, y más países de África y Asia. Hemos escrito a los Departamentos de Sanidad de México y Marruecos pero no hay contestación. En México sabemos que hay muchísimas afectadas y que hay mujeres que ya se están movilizando para su retirada pero la contestación que han recibido es que no saben de casos de afectadas por el Aclimafel (como se denomina Agreal en México). En Francia también sabemos que muchas afectadas se han movilizado y están luchando porque se las reconozca y atienda.

 

-Ha habido sentencias de los juicios celebrados, ¿cuántas mujeres lo han denunciado y cómo se están desarrollando los juicios?

-Sí, hay muchas sentencias, seis de ellas han dado la razón a las enfermas por el Agreal, pero muchos juicios se han perdido por no llevarlo en condiciones los abogados. Mientras que el laboratorio Sanofi Aventis presenta sus «pruebas de médicos», a las afectadas se las ha llevado sin saber defenderlo, no se presentan todos los estudios que hay. Ahora hay en espera un juicio por lo penal en Barcelona y otro por lo contencioso administrativo en Madrid.

 

-¿Qué le pedís al Gobierno de Zapatero?

-Pedimos en principio una reunión con el Ministro de Sanidad para que nos pongan una unidad multidisciplinaria en cada Comunidad Autónoma para todas las afectadas y no ser repudiadas en las consultas médicas. Queremos también que nos den copia de la “ficha técnica” del medicamento que no aparece, la autorización del medicamento del año 1983 y explicaciones de porqué el laboratorio Sanofi Aventis se le dan ayudas gubernamentales y fiscales mientras que a nosotras nos ignoran totalmente. En pocas palabras, que se responsabilice ante todas las mujeres que se hayan visto afectadas en su salud, trabajo o relaciones familiares y sociales por la falta de rigor en el seguimiento de la evolución del tratamiento del Agreal. Queremos ayudas sociales, tanto médicas como económicas ya que por razón de edad y secuelas, nos vemos y nos hemos visto imposibilitadas a un trabajo tanto dentro como fuera de casa. Así lo hemos expuesto en el manifiesto entregado el mismo día 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados.

 

 

 

 

Industria impulsa un plan empresarial que aumentará la contaminación eléctrica

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Ha comenzado calentito el nuevo curso. Las organizaciones que luchan contra la contaminación electromagnética no podían creerse -si no fuera porque ya están curadas de espanto- la penúltima propuesta del ministro de Industria, Miguel Sebastián. El País lo contaba a la perfección: «El Gobierno quiere convencer a los Ayuntamientos de que poner antenas de móvil es saludable. Y para acabar con las reticencias que tienen las corporaciones locales a dar permiso para la instalación de antenas prepara un plan de incentivos económicos para los ayuntamientos que más colaboren en ampliar la cobertura del móvil dentro de sus municipios».

 

 

De modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones inalámbricas para que ubiquen en su territorio nuevas antenas tendrán más dinero público para, a su vez, desarrollar las tecnologías de la información. Sebastián vuelve a quitarse el disfraz de servidor público y muestra su verdadero rostro de hombre de negocios que aprovecha su cargo público para beneficiar a los intereses privados. Sebastián se suma a la ristra de ministros servidores de los grandes sectores industriales y estratégicos del último capitalismo (el de los nuevos negocios que, si cabe, con más agresividad están poniendo en peligro la vida sobre el planeta).

 

La medida anunciada está incluida en el nuevo plan de «desarrollo tecnológico» denominado Plan AvanzaDos, que el Gobierno pondrá en marcha antes de finalizar el año y que se extiende hasta 2012, con una dotación superior a los 5.000 millones de euros. Dice Sebastián: «Hay que hacer comprender que las antenas de móvil no tienen ningún perjuicio para la salud». Eso coincide con el mensaje de las compañías interesadas en la tecnología inalámbrica por microondas: no es una tecnología nociva para la salud y necesitamos más antenas para mejorar la cobertura. El Gobierno así facilita elcamino a las operadoras para vencer las reticencias de numerosos ayuntamientos que, preocupados por los daños a la salud que puede provocar la contaminación electromagnética de dichos aparatos, no quieren colocarlas en sus municipios. Una vez conseguido que muchos ayuntamientos, subvención en mano, cedan ante las pretensiones de las empresas tecnocontaminantes se las premia con dinero para invertrir en más tecnologías de la información que, como es lógico, representará otro nicho de negocio para las mismas compañías. Doble beneficio pues, con dinero público.

 

 

Si Sebastián desconoce a estas alturas los numerosísimos trabajos científicos independientes que advierten sobre los posibles graves daños a la salud que conlleva el uso de estas tecnologías es un ministro que nadie merece (Ver: I y II). Si los conoce está mintiendo a la ciudadanía y por ello nadie debería quererle. Personalmente, me inclino por la segunda opción: el ministro no quiso decir la verdad. Le faltó valentía para decir lo que seguramente muchos asesores le han comunicado hace tiempo sobre la contaminación electromagnética, quizá porque el evento donde hizo sus declaraciones estaba organizado por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), el mayor lobby que hay en España para impulsar estas tecnologías y acallar las críticas. (Ver el capítulo Adictos a la cobertura de nuestro libro Conspiraciones tóxicas).

 

Es más, el actual Plan Avanza ha supuesto una inversión de más de 5.000 millones de euros inyectados en el sistema en el periodo 2005-2008, y más de 3.800 millones de euros adicionales movilizados gracias a la colaboración de otras administraciones públicas, entidades sin fines de lucro y empresas. Es decir, las compañías del sector están en el Plan Avanza, entre ellas, Sun Microsystems, Bull o Atos Origin, a través del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cenatic), que pertenece a Avanza.

 

 

Por cierto, por si Sebastián tiene dudas sobre los daños que la contaminación electromagnética que despide la tecnología inalámbrica puede provocar, recordarle que sólo tres días después de sus declaraciones en el foro de AETIC, el Parlamento Europeo publicó su resolución sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. El Parlamento considera que “el número de personas que enferman por culpa de factores medioambientales sigue en aumento y que debe establecerse un registro epidemiológico que ofrezca un cuadro completo de las enfermedades vinculadas, parcial o totalmente, a factores medioambientales”. Esta institución, “manifiesta gran interés por el informe internacional BioIniciativa [mencionado en (Ver: I y II)] sobre los campos electromagnéticos, que resume más de 1.500 estudios dedicados a este tema, y cuyas conclusiones señalan los peligros que entrañan para la salud las emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el teléfono de base fija DECT”.

 

 

Todas estas tecnologías suelen impulsarse en nombre de un progreso, bienestar, desarrollo, calidad de vida, que tantas personas cuestionan por su errado camino y que no quieren tener sobre sus cabezas (las antenas) o pegado a la oreja (el móvil) o en sus ordenadores (el WiFi emite gran cantidad de radiaciones lo que no ocurre con el ADSL por cable). Es necesario abrir un debate social, ahora inexistente por la exitosa labor de lobby que, como puede comprobarse, están haciendo las empresas con intereses en este lucrativo a la par que peligroso negocio.

Las leyes que prohiben el soborno a los médicos (II)

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Como les comentábamos en el anterior capítulo hemos dividido en dos partes la información que nos ha enviado Nikita, una ex visitadora médica que ha denunciado a la compañía farmacéutica en la que trabajaba por presuntas irregularidades relacionadas con la «compra de la voluntad» de los médicos. Aquí les presentamos este segundo análisis, basado en el Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de los Medicamentos de  Farmaindustria (patronal española de los laboratorios farmacéuticos). Son el conjunto de normas que rigen la visita médica y que por tanto tratan de impedir el soborno y cohecho hacia los profesionales sanitarios. Hay que destacar que Nikita denunció ante los máximos responsables en esta materia de Farmaindsutria las prácticas de su laboratorio.

 

 

Farmaindustria optó hace unos años por la autorregulación para supervisar la idoneidad ética de sus actividades.  “El objetivo es darles transparencia [a estas prácticas], que siempre que se produzcan se justifiquen con el objetivo que se pretende alcanzar, que consten por escrito y que si hay contraprestación económica, sea razonable», explica José Zamarriego, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria.

 

Entre su artículos encontramos un prohibición genérica, pero empiezan a aparecer reguladas determinadas excepciones. Según se puede leer, no se podrán otorgar primas, ventajas pecuniarias ni incentivos que pueden condicionar la prescripción, salvo obsequios de poco valor (menos de 30 euros) y utensilios relacionados con práctica sanitaria o de escritorio. Luego dicho código entiende que un obsequio de menos de 30 euros, aunque  condicione la prescripción, es legal. ¿Podría interpretarse así el Código Penal y la Ley del Medicamento?

 

 

 

 

Dicho código habla en su apartado de hospitalidad del pago de  inscripciones a congresos, hoteles, desplazamientos,etc, con una serie de limitaciones (lugar, nº de estrellas del hotel) considerando implícitamente que dichos presentes a determinados prescriptores son legítimos y, a mi entender, [argumenta Nikita], vulnerando tanto el Código Penal como la Ley del Medicamento.

  

«10.1 No podrán otorgarse, ofrecerse o prometerse obsequios, primas, ventajas pecuniarias o en especie, ni incentivos, bonificaciones o descuentos, a los sanitarios profesionales implicados en el ciclo de la prescripción, adquisición, distribución, dispensación y administración o al personal administrativo, así como a cualquier persona que, en el ejercicio de su profesión, pueda realizar o condicionar  la actividades de prescribir, comprar, distribuir, dispensar o administrar medicamentos para incentivar la prescripción, dispensación, suministro y administración de medicamentos, salvo que se trate de obsequios de poco valor y relacionados con la práctica de la medicina o la farmacia. Por lo tanto, es admisible la entrega de obsequios tales como utensilios de uso profesional en la práctica médica o farmacéutica o utensilios de escritorio de valor insignificante.

 

10.2. Se considerará que el obsequio es de  poco valor cuando su precio de mercado no supere los 30 euros. Se entiende por precio de mercado el importe que generalmente debería abonar un particular para adquirir una unidad de dicho producto en España.

 

10.3. Se exceptúa la entrega de objetos como libros o material en soporte óptico, magnético, electrónico o similar, bajo el patrocinio de la compañía, sobre temas de Medicina o Farmacia, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos».

 

 

 

  

Curioso también me resulta, indica esta ex comercial sanitaria, que este Código no se pronuncie sobre las comidas y cursos de formación hasta el final en su apartado de preguntas y respuestas, de una manera tibia.  

 

Para finalizar, haré alusión al código de prácticas promocionales de un laboratorio farmacéutico adscrito a Farmaindustria que permite «invitar» a los médicos, entre sus posibilidades de colaboración de su aplicación informática. En invitación cabe todo ticket de cafetería, restaurante o bar que justifique dicha consumición; no hay alusión alguna a que deba acompañar dicha invitación con un acto científico. Se invierten miles de euros en este tipo de colaboraciones. Esta práctica no solo es consentida, sino que está especificada: las comidas se pueden realizar por un máximo de 50 euros+IVA por comensal y las cenas 60 euros+IVA por comensal, sin tener obligación de justificar el delegado comercial del laboratorio el motivo científico de tal ágape.

 

Con el Código de Farmaindustria en la mano ¿es legal patrocinar cursos de formación por un precio indeterminado o invitar a cenar a un médico funcionario varias veces al año con o sin motivo científico? Desde luego, si nos atenemos al Código Penal y a la Ley del Medicamente, la respuesta es NO.

 

 

 

 

¿Quién audita los recursos de las redes de ventas? ¿Cómo se puede permitir que un laboratorio invierta millones de euros en comidas con médicos sin respaldo científico y en cursos de informática? ¿Es culpa de los visitadores médicos seguir la directiva de las empresas farmacéuticas? 

 

En este asunto de regular los incentivos a los médicos,  hay normas y peculiaridades que las industrias farmacéuticas, como colectivo y/o individualmente, se han sacado de la manga y que son contrarias a la Ley, concluye Nikita.