Elecciones USA08: Ganará el candidato de Big Pharma, Obama

En tiempos de crisis Big Pharma, la gran industria farmacéutica, era un valor seguro. Especuladores y accionistas encontraban cobijo para sus inversiones bajo el protector manto de sus enormes beneficios (en los años noventa superaban el 20% neto). Hoy, la crisis financiera afecta al globo terráqueo, a las personas que lo habitan y también a los laboratorios que ven cómo se les junta todo: la propia crisis, la próxima pérdida de valiosas patentes -entre 2010 y 2013 expirará la protección de productos superventas-, el bajo rendimiento de su Investigación+Desarrollo y la falta de credibilidad ante el público por la falta de seguridad y eficacia de sus productos. En este escenario no es extraño que el lobby estadounidense de las farmacéuticas, la Pharmaceutical Research & Manufacturers of America (PHRMA), repartiera hace dos años, durante las últimas elecciones al Senado, 13,2 millones de dólares entre 25 demócratas y sólo tres republicanos. Durante el último cuarto de siglo, los preferidos por Big Pharma han sido los acólitos de los Bush. Pero esta vez, según lo último publicado, anuncia un 51% de su financiación para el candidato republicano John McCain y un generoso 49% para el demócrata Barack Obama. Si ya hace dos años los laboratorios invertían en los candidatos demócratas, la crisis y las promesas de cambios “radicales” en el sistema sanitario que realiza Obama les hace pensar en un cambio en el modelo de negocio, más a la europea, más “social”, así, entre comillas pues tratándose de los negocios de Big Pharma y los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, los conceptos carecen de significados profundos.

Gane quien gane la industria estará descontenta, auguran algunos especialistas en este tipo de análisis. De ahí que apueste a las dos caras de la moneda. “Hay quien opina que las cotizaciones actuales ya descuentan este posible desenlace y que tal vez sea una buena inversión comprar ahora títulos si anticipamos que se volverá a repetir lo que ya aconteció con Bill Clinton, quien mientras que durante su campaña de 1992 arremetió contra la industria, durante su mandato apenas hizo cambios”, recordaba hace unos meses Miguel Ángel Tovar en El Global. McCain ha defendido públicamente que los ciudadanos norteamericanos puedan importar medicamentos de Canadá dado el altísimo precio que tienen en EE.UU. Obama apoya la cobertura sanitaria universal y la libertad de elección de los asegurados, los mismos principios que ya contenía el primer plan de salud elaborado por Hillary Clinton cuando gobernaba su esposo, por cierto. Ambos candidatos son partidarios además de introducir medidas para promover la utilización de genéricos y una regulación gubernamental de precios. En EE.UU., aunque a los europeos nos parezca increíble, existen 47 millones de habitantes –de los 309 que viven en el país– que carecen de seguro de salud, y 9 millones son niños. Las primas de seguro han crecido cuatro veces más que los salarios durante los últimos seis años. Obama ha explicado en varias ocasiones que quiere acabar con esto. Propone hacer cambios consensuados con las aseguradoras y la industria farmacéutica, que se establezca un sistema de acceso fácil y barato al seguro médico y que en el caso de los niños cubra a todos.

Sea como fuere, el pasado puede servirnos para hacernos una idea del poder de decisión de los grandes laboratorios en la política estadounidense y, por ello, mundial. ¿Qué sucedió en las últimas elecciones USA04, hace cuatro años? La industria farmacéutica tenía bien definido su candidato antes de dichas elecciones presidenciales de EE.UU. de noviembre de 2004. Su apuesta, en la que jugó miles de millones de dólares, fue una suerte de Partido Demócrata Republicano de George Bush-John Kerry. No podía ser de otra manera, el conglomerado sanitario, como la banca en el particular juego de la vida, siempre gana. Financiar partidos vencedores es una vieja costumbre del Nuevo Orden Mundial. Venció de nuevo Bush, el candidato que más dinero ha recibido del lobby que gestiona la enfermedad. Para hacernos una idea del poder de influencia de la industria farmacéutica en las elecciones de EE.UU. podemos observar lo sucedido en los comicios parciales celebrados en noviembre de 2002, en los que el Partido Republicano consiguió la mayoría absoluta en el Senado y aumentó la que ya tenía en la Cámara de Representantes.

Para la campaña de aquellos comicios de 2002, los candidatos republicanos al Congreso de Estados Unidos recibieron más de 30.000.000 $ provenientes de las compañías farmacéuticas. Los laboratorios que más contribuyeron fueron Lilly, Bristol-Myers Squibb, Pfizer y GlaxoSmithKline. En aquellos momentos, las corporaciones deseaban vencer la resistencia de algunos legisladores que intentaban rebajar el precio de los fármacos dispensados con receta. Al menos en parte, tras la victoria del Partido Republicano, el lobby farmacéutico se salió con la suya. Nunca antes este sector industrial había acumulado tanto poder. Este fortísimo grupo de presión es generoso con el Gobierno Bush y lo ha apoyado en proporción a los dividendos que le reporta legislando a su favor.

Frank Clemente, responsable de la agrupación de Vigilancia del Congreso de Public Citizen, ha afirmado basándose en un informe de esta organización: “Durante un año en el que se habló mucho de sacrificarse por el interés nacional, los laboratorios aumentaron sus sorprendentes beneficios subiendo el precio de las recetas, lanzando para algunos remedios más publicidad que las zapatillas Nike, y haciendo lobby exitosamente para lograr lucrativas prórrogas de patentes monopolistas”. La industria de la salud y la enfermedad registró una de sus mejores victorias como grupo de presión con la aprobación de una de las leyes más importantes gestionadas por el Congreso en era demócrata. Durante la creación de la Oficina de Seguridad Nacional, Dick Armey, entonces antiguo líder de la mayoría republicana del Congreso, logró que se ratificara una nueva norma ante el despiste general, ya que ni los propios senadores de su partido la conocían. Esta exime a la industria de responsabilidades legales en caso de que alguna vacuna defectuosa provoque daños en las personas. Armey es uno de los responsables del bufete de abogados que tramitó la concesión de la Medalla del Congreso de Estados Unidos al ex presidente español José María Aznar. El estadounidense es uno de los tiburones de Bush que está tomando parte en el saqueo de Iraq a través del denominado Grupo de Trabajo Iraquí, dirigido por el influyente lobby de Washington Piper Rudnick. Le acompañan dos senadores demócratas, George Mitchell y William Cohen, antiguo secretario de Defensa de Bill Clinton.

Open Secrets, una fuente de información electrónica del Centro para la Política Responsable sobre asuntos financieros, ha indicado que la decisión tomad sobre los efectos adversos de las vacunas favorece a Lilly, que como hemos mencionado es una de las corporaciones que más ha gastado en ayudar a los republicanos, con 1,6 millones de dólares. Lilly tenía entonces varias demandas pendientes porque sus vacunas, como tantas otras comercializadas durante los últimos decenios, contienen o contenían timerosal, un conservante a base de mercurio que puede provocar autismo. Toda vez que han cumplido su objetivo de aupar a la mayoría absoluta del Senado al Partido Republicano las multinacionales farmacéuticas estadounidenses han recuperado la inversión realizada. Otra de las grandes preocupaciones de la industria es modificar la legislación sobre las prescripciones de 40 millones de ancianos y perceptores de la ayuda pública del Medicare (la asitencia médica básica en EE.UU.). El sector farmacéutico ha presionado durante los últimos años porque teme que haya un control de precios y que se elaboren listas de medicamentos genéricos beneficiados, como ahora proponen ambos candidatos a la presidencia. La batalla se ha centrado en que no se aprueben con rapidez estos, que se impida la compra de medicinas baratas en Canadá o México, se prohíban los anuncios de dichos productos y no se limiten las demandas por daños.

Todo esto puede cambiar con la llegada de Obama o puede que ocurra como en los años noventa, cuando los demócratas prometieron reformas similares y acabaron vendiéndose a Big Pharma. Para esto, la industria apostó por la llegada de los demócratas al Senado y ahora ha repartido su presupuesto para “colocar” presidente a partes casi iguales entre los dos candidatos McCain  y Obama.

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Fármacos y suicidio: Crisis en el control de los medicamentos

Hay medicamentos que matan*. El sobrepeso nos puede conducir al suicidio y/o a problemas psiquiátricos graves, si consumimos para ello determinados medicamentos. La Agencia Europea del Medicamento (EMEA) ha decidido suspender la comercialización del preparado contra el sobrepeso Acomplia (cuyo principio activo es rimonabant), fabricado por el laboratorio Sanofi Aventis. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), como tantas agencias estatales de Europa y del mundo, ha comunicado a los profesionales sanitarios la suspensión de comercialización de este fármaco que estaba autorizado en Europa desde junio de 2006, pese a que la todopoderosa agencia estadounidense -la FDA- no permitiera su venta. Una vez más los mecanismos de control de la seguridad y eficacia de los medicamentos han fallado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no son independientes de la industria farmacéutica.

Pero vayamos por partes. Tras su última revisión, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), dependiente de la citada EMEA, ha concluido que, con la  información actualmente disponible, el balance beneficio-riesgo de  rimonabant es desfavorable. La indicación autorizada de Acomplia era “adyuvante de la dieta y el ejercicio para el tratamiento de pacientes obesos o pacientes con sobrepeso con factores de riesgo asociados, como la diabetes tipo 2 o dislipemia”. Como reconoce en su nota oficial la Agencia Española de Medicamentos: “En el momento de su autorización, las alteraciones psiquiátricas, en particular los trastornos depresivos, se identificaron como el problema de  seguridad más relevante asociado a este medicamento. (…) Posteriormente a su comercialización han ido aumentando los casos  notificados de trastornos psiquiátricos graves, incluyendo intento de suicido y suicidio consumado. Adicionalmente, en el ámbito de ensayos clínicos en marcha se han presentado cinco casos de suicidio en pacientes que recibían Acomplia, frente a un caso en pacientes recibiendo placebo, con un número similar de pacientes expuestos en ambos grupos de tratamiento”. Adicionalmente, se consideró que la efectividad de Acomplia en la práctica clínica es inferior a la esperada según los resultados de los ensayos clínicos previos a su autorización. Esta eficacia inferior a la esperada obedece, entre otros factores, a que el medicamento ha sido utilizado durante un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, el CHMP ha considerado que actualmente el balance beneficio-riesgo es desfavorable y ha recomendado la suspensión de comercialización.

En cuanto a su situación en España, Acomplia comenzó a venderse en marzo de 2008 y, segun la AEMPS, hasta ahora el uso del medicamento ha sido muy reducido al encontrarse excluido de la financiación pública. El Sistema Español de Farmacovigilancia ha recibido doce notificaciones de sospechas de reacciones adversas de tipo psiquiátrico, de las que nueve eran graves y dos “referían ideación suicida”. No se ha notificado ningún caso de suicidio en España. Pero como comenta un farmacéutico de Andalucía: “Los mecanismos de control no funcionan y mal pueden funcionar si los propios controlados sostienen económicamente a los organismos controladores”. En este caso se da la extraña paradoja de que la FDA, la agencia de medicamentos de referencia en el mundo, no lo aprobó. Dato a tener en cuenta pues esta institución pública encargada de velar por la seguridad y eficacia de los medicamentos que se expenden en Estados Unidos, está financiada al 70% por los propios laboratorios, como se ha publicado en numerosas ocasiones. Esto es así porque en EE.UU. los laboratorios pueden pagar a la FDA un estipendio para que acelere el procedimiento de autorización de sus fármacos. Como digo, en el caso Acomplia la FDA no lo aprobó, lo que ya es digno de consideración dado el sesgo profarmacéuticas de la misma.
¿Y qué ocurre con la EMEA, la Agencia Europea? Pues que no realiza estudios independientes antes de conceder una licencia de comercialización de un medicamento; se limita a recoger la información que le envían los laboratorios y a comprobar que sea correcta. Pero, insisto, sin contrastarla con trabajos independientes. Esto, para más inri, es perfectamente legal pues así lo contemplan las normas de funcionamiento de esta institución pública europea que, como si se tratara del cuento de nunca acabar, no depende de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea sino de la de Comercio. Es obvio pues el enfoque comercial que tiene el organismo del que dependen la salud y la vida de millones de europeos. Huelga decir que si el proceso de concesión de licencia para la venta de un fármaco está centralizado en la EMEA, todas las agencias estatales de Europa actúan según las decisiones de la primera. Las dudas sobre este medicamento se iniciaron por un estudio realizado con 4.000 pacientes por el departamento de Nutrición de la Universidad de Copenhague.  Los resultados se dieron a conocer justo hace un año. El medicamento potenciaba los desórdenes psiquiátricos. Si no llega a realizarse este trabajo la EMEA hubiera tardado todavía más de ese mencionado año en retirarlo. Quién sabe si se hubiera tardado los 22 años que pasaron hasta que, en 2005, otro fármaco de Sanofi Aventis, el Agreal -recetado para “tratar” los sofocos de la menopausia- se prohibiese, tras reconocerse los terribles padecimientos que ha provocado en las numerosas mujeres que lo tomaban.
Coincidencias de la vida o de la muerte, o no, una de las primeras sentencias dictadas en Barcelona a favor de las víctimas del preparado de Sanofi Avenis argumentó que el Agreal “incitaba la suicidio”. Como comenta sobre Acomplia uno de los portavoces de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud): “Este tipo de medicamentos pertenecientes al grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y otros neurotransmisores, por su mecanismo de acción está comprobado que puede producir sobre el sistema nervioso: movimientos anormales, como por ejemplo, espasmo muscular, ataxia, temblor, convulsiones, y también pueden producir alucinaciones, manías suicidas, ataques de pánico y otras lindezas. Hay ocasiones, en pacientes diagnosticados con trastornos bipolares, esquizofrenia o depresión recurrente, en los que deben utilizarse porque da resultados muy buenos, pero lo que no debe hacerse NUNCA es emplearlo a la carta. Esto estaba anunciado”.
De modo que en 2005 se retira del mercado un potente neuroléptico de Sanofi Aventis, Agreal, que causaba daños psíquicos, en el sistema nervioso e incitaba al suicidio. Y pocos meses después, en junio de 2006, se aprueba la venta de otro potente medicamento de la misma casa que incide en los neurotransmisores y causa daños psíquicos e incita al suicidio: Acomplia. Urge debatir sobre la falta de independencia de las agencias reguladoras de fármacos y reformarlas a fondo. La FDA ha sido muy cuestionada en los últimos años por su falta de independencia, sobre todo a raíz del caso Vioxx, el medicamento de Merck para la artrosis que la farmacéutica sabía que podía producir infartos cerebrales y de corazón y aún así ocultó esos estudios a la FDA. Ésta lo aprobó y como explica un farmacólogo español, extrapolando los datos de los trabajos que hizo Merck al número de consumidores que lo tomaban pueden haber muerto en el mundo más de 300.000 personas hasta 2004 que se retiró. La EMEA no puede continuar dependiendo de Industria, tendrá que depender de la Dirección General de Salud. Y tendrá que hacer sus estudios independientes para contrastar las informaciones que le envíen los laboratorios a la hora de aprbar o no un fármaco.
Todo esto no sucederá mientras los distintos profesionales sanitarios no estén unidos en una gran plataforma que aglutine todos los colectivos críticos del sistema sanitario, incluidos los de pacientes. En la actualidad existen numerosas organizaciones de profesionales de la medicina, la enfermería, la farmacia y la farmacología, investigadores, víctimas de fármacos y pacientes de numerosas enfermedades, de consumidores y usuarios de la sanidad, etc, que son independientes de los laboratorios y críticos con lo que está ocurriendo. Pero su fuerza se pierde al no alcanzar la unión que es el germen de eficacia en cualquier ámbito.

* Para ser más precisos habría que hablar de medicamentos que continúan matando. Hace ya siete años que comencé a investigar sobre los casos más graves de efectos adversos con resultado de muerte provocados por los fármacos. En 2003 publiqué mi primer reportaje sobre ello en The Ecologist. Son tantos los fármacos peligrosos que como Medicamentos que matan titulé el primero de los cuatro bloques de mi libro Traficantes de salud.

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Virus del Papiloma Humano: La vacuna del márketing del miedo

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) comenzó hace meses su “traviesa” travesía por el sistema inmunológico de millones de niñas sanas en todo el mundo. En España, algunas comunidades autónomas se adelantaron al resto pero ya las demás están impulsándola. Y escribo impulsándola porque lo que más llama la atención es el celo con el que las administraciones públicas están promocionando Gardasil (Merck) y Cervarix (GlaxoSmithKline -GSK-), una de las mayores operaciones de márketing del miedo de la Historia desarrollada por dos de las mayores multinacionales farmacéuticas del globo terráqueo. Es difícil entender cómo un producto farmacológico que presenta tantas dudas e incógnitas como esta vacuna esté aplicándose a niñas de entre 11 y 14 años de edad para “prevenir” el cáncer de cuello de útero o cérvix.

Antes de entrar en detalles sobre cómo están consiguiendo Merck y GSK este éxito de ventas conviene recordar brevemente algunos de los puntos más discutibles del fármaco. Aunque parezca lo contrario, si nos atenemos a lo que está pregonándose, en España no hay epidemia de cáncer de cérvix. La infección del VPH es condición necesaria pero no suficiente para adquirir el cáncer de cérvix y además, en el 90% de los casos, la infección remite de manera espontánea. La mortalidad por este tipo de cáncer es baja con respecto a los más corrientes y se produce en torno a los 60 años de edad en personas que no solían hacerse revisiones. Su eficacia no se ha estudiado en niñas, sólo en adultas. No protege de todas las cepas cancerígenas del VPH, es preventiva pero no cura. Su precio es muy caro, más de 300 euros las tres dosis –en algunas comunidades 500-.

Por si fuera poco, como ha reportado la publicación Discovery DSalud en su nº109, en Estados Unidos han fallecido 18 niñas tras ser vacunadas y más de 18.000 han sufrido “efectos adversos”. Y es que bajo la presión del márketing del miedo, del terror a enfermar, están realizándose estos negocios basados en el interés de ciertas farmacéuticas por expandir una “cultura de la prevención” basada en productos farmacológicos. Consumir medicamentos sin estar enfermo. ¿Pero cómo están consiguiendo estas poderosas compañías que los gobiernos acepten su estrategia comercial e incluso en algunos casos intenten implantar de manera obligatoria en la población esta vacuna que comenzó -y en España sigue siendo- de administración voluntaria? A comienzos de febrero de 2007, el Estado norteamericano de Texas estuvo a punto de ser el primero en declarar obligatoria la vacunación con Gardasil en niñas de 11 y 12 años. La decisión fue adoptada por el gobernador del Estado, Rick Perry, pero la presión popular fue tal que hubo de retractarse. Resulta que Mike Toomey, el anterior jefe de Gabinete del gobernador Perry, trabajaba en tareas de lobby para Merck, fabricante de Gardasil. El Washington Post publicó un reportaje de Associated Press (AP) que afirmaba que la jefa de Gabinete del gobernador, Deirdre Delisi, celebró con el director de Asuntos Presupuestarios y tres miembros de su departamento, una “Reunión sobre la Vacuna del VPH para Niños”, según consta en la agenda de Delisi, a la que AP tuvo acceso. Ese mismo día, el comité de acción política de Merck donó 5.000 dólares para la campaña de Rick Perry.

En Canadá, el lobby de Merck se desarrolló a través de Ken Boessenkool, empleado de Hill and Knowlton, una compañía de relaciones públicas. Boessenkool fue asesor del primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, cuando era líder de la oposición. Además, Jason Grier, ayudante ejecutivo del ministro de Salud de Ontario, George Smitherman, hizo lobby para que Merck consiguiera que Ontario se sumara a la vacunación de niñas. Las distintas administraciones están tomándose la vacunación contra el VPH casi como una “cuestión de Estado”. El Gobierno catalán ha aprobado hace poco la “Resolución 301/VIII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Govern“. En materia de salud el Parlamento insta al Gobierno a continuar facilitando el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios “para reducir las desigualdades” y junto a necesidades sanitarias elementales, como la reducción de los tiempos de espera para ser operado o la ampliación de la cobertura sanitaria pública a más personas -o la asistencia a personas con fibromialgia o Síndrome de Fatiga Crónica-, se incluye el acceso a la vacuna contra el VPH.

Por lo que podemos saber gracias a enfermeras que trabajan en el sistema sanitario catalán, sus responsables están desarrollando un sistema de objetivos para las enfermeras de Primaria que una vez cumplidos conllevan una gratificación de 2.000 euros anuales. Entre ellos está la vacunación contra el VPH. Algunas enfermeras se niegan a cumplir los objetivos de  Generalitat y están abriendo el debate sobre la falta de ética de los mismos en sus centros. Mientras, en otros lugares también ha comenzado a incluirse la vacuna en el calendario escolar. Así, el Gobierno extremeño ha adquirido 15.000 dosis a un precio de 1.560.000 euros. Entretanto, la publicidad agresiva de las compañías impulsoras de la vacuna continúa. Y en los centros de salud españoles los carteles promocionales llaman a la vacunación dándole a la misma un halo de obligatoriedad con promesas de una curación imposible: la absoluta mayoría de las vacunadas están sanas y la vacuna no elimina las células alteradas.

Esta campaña de márketing va a dar mucho que hablar. Según Discovery DSaud ya se han presentado las primeras demandas contra los laboratorios. Y las oficinas de GSK en Holanda han sido investigadas por supuestas prácticas fraudulentas en la promoción de la vacuna contra el VPH. Se habla incluso de retirarla del mercado.

Como alternativas para los padres y madres preocupados por la salud de sus hijas, numerosos profesionales sanitarios contrarios a la medicalización de la sociedad y en concreto de la infancia, proponen el acceso a citologías de cribado para las mujeres. Difundir información sobre sexualidad segura y crear centros para ello y talleres para evitar que procesos fisiológicos naturales sean convertidos en enfermedades y medicalizados. La medicina preventiva debería consistir en una buena higiene, un estilo de vida sano y en la honesta identificación de factores de riesgo para evitar la enfermedad o retrasar su aparición. Los objetivos de estas prácticas deberían de ser evitar en la medida de lo posible la aplicación de fármacos, que casi siempre conllevan efectos secundarios dañinos. La tendencia actual es que los laboratorios están aprovechando la cultura de la prevención para que ésta desemboque en la receta. Existen profesionales sanitarios que piden una moratoria en la expansión de esta vacuna.

Más info en Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad

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Los “enchufadísimos” en la era cambioclimatizadora

 

La crisis ha entrado en crisis. La civilización basada en la explotación capitalista de la naturaleza ha resultado comportarse de manera incivilizada. Y mientras el mundo de las finanzas especula sobre cómo continuar con el régimen de especulación (con las generosas subvenciones ciudadanas que los gobiernos les están facilitando), los listos sin inteligencia marchan en formación su particular huída hacia delante haciéndose creer a ellos mismos que no ocurre nada, que la crisis saldrá de la crisis. Estamos gobernados por el régimen del exceso de un modelo económico cuyo motor es la codicia alimentada además con combustibles contaminantes.


Viene esto a colación porque en plena crisis financiera provocada al menos en parte por la crisis energética que tiene al oro negro como epicentro, Gobierno Vasco y Petronor juegan al viejo parchís del miedo invocando los más grises fantasmas de la crisis dentro de la crisis. Intentan así expandir la idea de que si no se construye la fábrica de coque y la de cogeneración de energía eléctrica que tienen prevista hacer en la localidad vasca de Muskiz, la refinería ya existente no tendrá futuro. Más miedo al miedo: que incluso se cierre en los próximos años. Pero como narran los vecinos, organizados en la Coordinadora Anticoke, ya en 2001, ante el proyecto de construcción de una central térmica utilizaron el mismo argumento. Iberdrola, que impulsaba esta iniciativa cambioclimatizante, se fue con el proyecto a otra parte (no muy lejana por cierto). La presión vecinal y el elevado presupuesto decidieron su abandono. “La empresa propietaria del complejo refinero, Petronor, ha continuado en activo y sus beneficios han seguido ‘in crescendo'”, aseguran estos ciudadanos.

En las últimas semanas la Coordinadora Anticoke ha acumulado pruebas que demuestran que Petronor está importando fuel-oil, un millón de toneladas el año pasado, pese a que, dicen, es un producto que no tiene mercado, que es un excedente que se les acumula y que necesitan procesarlo para extraer gasoil con la nueva planta. El propio Josu Jon Imaz, ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) nombrado presidente de Petronor (además es consejero de Iberdrola) no sabe cómo justificarse ante este descubrimiento de la Coordinadora Anticoke. En un artículo publicado en el diario El Correo del día 27 de septiembre dice: “…aunque coyunturalmente debamos importar fuel obtenido de crudos ligeros por demanda de algunos sectores concretos”. Los vecinos creen que les están tomando el pelo.

No deja de ser curiosa la maraña de relaciones políticas que surge al calor de los combustibles fósiles. Lejos pero cerca de tierras vascas, en la rica comarca de Tierra de Barros (Badajoz, Extremadura) Alfonso Gallardo, el empresario más rico de pagos extremeños impulsa la construcción de otra gran refinería petroquímica. Gallardo ha contado durante años con la ayuda del ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (al que sus paisanos cariñosamnente denominan El Bellotari) en forma de subvenciones públicas. Gallardo es tío del senador del PSOE por la comunidad extremeña, y antes diputado en el Congreso, Francisco Fuentes Gallardo. Éste es uno de sus mejores enlaces con el presidente de turno de Extremadura. Durante su periodo en la madrileña Carrera de San Jerónimo se consideraba a Francisco Fuentes como “el hombre de Ibarra en la capital de España”. Las relaciones “familiares” en las altas esferas extremeñas se han ampliado en los últimos años para Alfonso Gallardo debido a que “el sobrinísimo” tiene como compañera sentimental a Carmen Pereira Santana, delegada del Gobierno en Extremadura desde 2004. Sea por la influencia de los Gallardo en Ibarra o al revés, la Junta de Extremadura es la máxima accionista de la posible próxima refinería.

Volviendo a tierras vascas, a finales de junio se hizo público el nombramiento de Imaz como presidente de Petronor. Unos días antes, el 29 de mayo de 2008, pero de manera no pública, Melchor Gil Llanos, el actual vicepresidente de las Juntas Generales de Bizkaia, fue nombrado consejero de Petronor. En Muskiz conocen a Gil Llanos como el “cuñadísimo” de Patxi López. En efecto, la esposa de Patxi López, secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) es Begoña Gil, concejala en el Ayuntamiento de Bilbao y hermana de Melchor Gil. Para hacer negocios en esta civilización que se quema en el fuego de sus propios combustibles hay que tener un “ísimo” en el partido político de turno. En el caso vasco, Petronor tiene un presidente de lo mejor relacionado en el PNV porque ha sido su máximo responsable. Y por si en futuras elecciones gana el PSOE vasco, en la petrolera juegan la carta del cuñado del candidato socialista. Verdaderos socios listos.

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Márketing para ampliar los márgenes de la depresión

Anteayer me encontraba en una sala de espera cualquiera de un centro de salud cualquiera. La hora de cita se demoraba, como le puede suceder a cualquiera, y cogí un periódico amontonado a la entrada. Un diario cualquiera que resultó ser ADN o lo que la crisis financiera global dejaba ese día de él: 20 páginas que lo asemejaban más bien a una caja de papelillos de liar tabaco. De entre la poca información que ofrecía, un titular lanzó sus dardos venenosos directo a mis ojos: “Un español de cada seis padecerá una depresión” (*). Expectación y congoja, al menos otras dos personas leían el mismo periódico en la misma sala. Menos mal que estábamos en un centro de salud, si me llega a pillar en un sitio cualquiera qué podría sucederme. Además: “Más de la mitad de afectados tendrá recaídas”, rezaba la oración del miedo en el subtítulo. “En 2020 la depresión será la primera causa de discapacidad tras las enfermedades cardiovasculares. Además, uno de cada seis españoles sufrirá alguna depresión. Y, de un 50% a un 60% recaerá”, señalaba un párrafo como antesala del Día Europeo de la Depresión. Esta iniciativa fue creada hace poco tiempo, en 2004, por la European Depression Association.


La campaña para extender el “conocimiento” de la depresión insiste en una idea: “las personas con depresión presentan una gran tristeza, junto con una falta de interés por las cosas, acompañados de otros síntomas diversos en mayor o menor intensidad”. Un criterio tan inconcreto que ¿quién en algún momento de su vida no ha sentido una “gran tristeza junto con una falta de interés por las cosas”? Yo mismo y no me considero un enfermo de depresión. También se insiste en el tratamiento farmacológico de la dolencia. La información de ADN relaciona la depresión con tendencias suicidas. Pero no cita que los tratamientos farmacológicos ad hoc, los antidepresivos, tienen entre sus efectos secundarios la incitación al suicidio (**). Se da la circunstancia de que el Día Europeo de la Depresión está patrocinado por el laboratorio farmacéutico Wyeth, que hace unos meses recibió el permiso de la FDA para comercializar su antidepresivo Pristiq. Pero seguramente esto no tenga nada que ver con el interés de la compañía estadounidense por promocionar la depresión y hacerla sentir en lo más profundo del alma de la ciudadanía.

Queriendo o sin saberlo ADN y tantos medios de comunicación, ese y todos los días cualquiera, colaboran con los laboratorios farmacéuticos vistiendo de información lo que es promoción encubierta de enfermedades y fármacos diseñados para tratarlas, y en la mayor parte de las ocasiones lo hacen gratis. El ciudadano queda confundido ante este aluvión diario de noticias catastróficas que atentan contra su salud.


* Saray Marqués, Un español de cada seis padecerá una depresión, ADN, 8 de octubre de 2008. La sección la denominan La Vida, el epígrafe bajo el que apareció la información: SOCIEDAD SALUD MENTAL, así.

** Traté con profusión este asunto en el capítulo La receta del suicidio de mi libro Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad (Icaria Editorial, 2007), pp 71-75.

El gobierno español sólo reconoce cuatro víctimas de la Talidomida tras 50 años de pesadilla

La Alianza Internacional de Asociaciones de Víctimas de la Talidomida (ICTA) se ha manifestado en Londres para que se equiparen las indemnizaciones y ayudas a todos los afectados por este medicamento fabricado por Grünenthal que hay en el mundo. En España, Italia y Austria los afectados por el fármaco, que se comercializó desde 1957 hasta 1963, todavía no están reconocidos por sus gobiernos o no reciben ningún apoyo. Por el contrario, en el Reino Unido 450 personas cobran indemnizaciones de 3.200 libras mensuales de la compañía Distillers, que vendió el medicamento tras comprar la patente a Grünenthal. Según Rafael Basterrechea, de la delegación española: “pretendemos que todos los afectados reciban las mismas compensaciones independientemente de donde hayan nacido o vivan y que las abone el laboratorio fabricante Grünenthal”. Quienes peor lo tienen son las víctimas españolas. “Sospechamos que el gobierno va a reconocer a cuatro afectados y poco más”, comentan, de las al menos 65 que la asociación española de víctimas tiene documentadas. La próxima manifestación será en diciembre ante la puerta de la casa de Angela Merkel en Berlín pues en Alemania hay 2.700 afectados.

 

 

El hecho de aceptar que en España hay afectados de Talidomida, algo que a día de hoy ningún gobierno español ha reconocido todavía, implica el pago de pensiones vitalicias, indemnizaciones por el tiempo transcurrido desde que las reciben el resto de afectados del mundo, y la concesión de ayudas de tipo fiscal, laboral y sanitarias. “Hacia ese camino han sido enfocadas nuestras reivindicaciones desde los inicios, y lo mas lamentable es que nuestros políticos ni tan siquiera se sonrojan levemente ante esta execrable situación. Es muy importante para nosotros que se conozca que en España se estuvieron vendiendo los medicamentos con Talidomida durante algunos años más, esto implica que nuestro sistema sanitario permitió la venta de este nefasto compuesto, aun a sabiendas de sus terribles efectos. El propio Ministerio de Sanidad reconocio por escrito (documento que obra en nuestro poder) que se retiró en enero de 1.963, cuando en Alemania la Talidomida fue prohibida en noviembre de 1.961”, afirma Basterrechea.

 

Desde el día 27 de junio el Ministerio de Sanidad y las víctimas españolas, asociadas en Avite, han comenzado las negociaciones para el reconocimiento de los hechos y la tramitación de ayudas. Pero el Ministerio desconoce datos básicos del suceso y pese a ello quiere marcar unos baremos de reconocimiento tan austeros que sólo reconocería a cuatro personas como afectadas por la Talidomida. Esto va  dificultar el afectados que tienen docuemntados al menos  65 casos pero que pueden ser más. En Italia, por ejemplo, el gobierno de Berlusconi ha comenzado a indemnizar a estas personas sin establecer protocolos especiales, simplemente clasificando como afectada a cada persona que haya nacido en las fechas en las que se comercializó el medicamento y presente los síntomas que el mismo deja.

 

 
La ICTA lucha porque se reconozca a los afectados que faltan, no sólo en España, Italia y Austria, sino también en países como Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia, Canadá, EE.UU. o Japón. En todos estos países se trató el tema con absoluto secretismo y silencio, respaldado por los respectivos gobiernos. Como denuncian las víctimas del medicamento para los sofocos del embarazo, el laboratorio Grünenthal y el gobierno Alemán se preocuparon de que no se comunicara como correspondía el daño que producía este preparado y que los plazos de revisión y reclamación se cerraran con gran presteza.
 
En el Reino Unido, país en el que los afectados por la Talidomida han conseguido mejores condiciones, sus indemnizaciones son aportadas por el Laboratorio Distillers a una fundación que se encarga de repartirlas a los afectados dependiendo de su grado de discapacidad y necesidad de ayuda. El gobierno aporta a la causa las exenciones fiscales, las ayudas médicas, la financiación de prótesis y ortoprotesis, así como sillas de ruedas subvencionadas al 100%, y vela porque esto continúe de esta manera. El gobierno sueco y la farmacéutica AstraZeneca indemnizaron a sus afectados con una cantidad inicial grande y una pension vitalicia para sus afectados, el coste lo asumen al 50% más o menos entre farmacéutica y Estado.

Expansión de la telefonía móvil & preocupación ciudadana

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Pese a que el movimiento ciudadano contra la contaminación electromagnética crece al ritmo de las evidencias de la nocividad de las tecnologías que la provocan, las operadoras de telefonía móvil continúan su campaña de lobby sobre los ayuntamientos. ¿El objetivo? que estos accedan a situar en su territorio más antenas de telefonía. Las compañías que basan su negocio en eso que ha dado en denominarse “tecnologías de la información” fomentan la idea de que la “cobertura” es un derecho público. En dos reuniones celebradas en la localidad vasca de Getxo, palabras que se llevaba el viento fueron atrapadas por los oídos de los representantes de las asociaciones ciudadanas que luchan contra la contaminación electromagnética. Palabras que, procedentes del responsable de una de las mayores operadoras globales de telefonía móvi, referían la idea de expropiar tejados en “interés público” para colocar sus artefactos potencialmente nocivos. Por supuesto, la cobertura no es su leiv motiv. Éste coincide más bien con aquel lema que cuelga todavía de la imaginación de tantos ciudadanos: Todo por la Pasta.

 

 

No hace falta explicar que, como también reconocen estas corporaciones en petit comite si una zona carece de cobertura pero no es rentable no van a ofrecer a los clientes de dicho espacio la correspondiente antena. Unos hipercomunicados, otros nada y la ciudadanía sin ser consultada. Pero eso sí, el objetivo final de las operadoras es que todos los servicios (telefonía, sms, radio, cine y video, televisión, internet, etc) estén cubiertos por el móvil. ¿Cuántas antenas es necesario situar en cada localidad para ello? ¿Cuánto es necesario aumentar la presión electromagnética para alcanzar dicho objetivo-negocio? A eso no responden las operadoras pese que estamos hablando de que la conversación se produjo en una mesa de trabajo oficial con representantes de ayuntamiento, operadoras y ciudadanía del Consistorio de Getxo. Lo que pretenden las empresas es colocar en cada manzana de cada localidad una antena, como reconoció el delegado de una de las cuatro empresas telefónicas que acudieron a las reuniones.

 

A las pretensiones de las corporaciones colabora el Plan AvanzaDos. En estas reuniones desarrolladas en la localidad vasca (como es lógico se están realizando en muchos pueblos y ciudades) estaban los representantes de los partidos políticos de la localidad, del Ministerio de Industria, de la Asociación Antena No, de las empresas Telefónica, XFera Móviles, France Telecom y Vodafone, así como varios técnicos municipales y uno del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Desde el Ministerio propusieron que las operadoras compartan antena, es decir, que utilicen los mismos mástiles para reducir la dispersión actual y por lo tanto la contaminación. El colectivo ciudadano Antena No plantea incluso que los municipios compartan estación base de antenas, aunque eso -según los portavoces del Ministerio- supondría aumentar la potencia de emisión de las antenas. También dieron la de cal al proponer que las antenas de telefonía se camuflen, se hagan discretas a la mirada del público, algo que ya ocurre y que tiene por objeto reducir la sensación de agobio que produce en parte de la ciudadanía su visión.

 

 

Sea como sea, es necesario que se hagan estudios epidemiológicos en las localidades con antenas que lleven muchos años instaladas. Son demasiados los lugares donde han aumentado distintas enfermedades, en ocasiones con resultado de muerte. Todo esto puede hacernos olvidar que no sólo es importante trabajar sobre la ubicación de las antenas. ¿Qué sucede con el uso cotidiano del teléfono móvil? ¿Cómo se protege la población de su uso? ¿Qué hacemos con las personas electrosensibles? Ha pasado más de una década desde que el uso de mólvil se extendió a toda la ciudadanía. Asistimos a la aparición, como se preveía, cada vez más y sobre todo en los países que primero han acogido esta tecnología, de personas que enferman por su especial sensibilidad a los campos eléctricos y magnéticos. Son personas que no pueden vivir en pueblos y ciudades tal y como se han planteado. La cobertura total asegura su padecimiento.