Los “enchufadísimos” en la era cambioclimatizadora

 

La crisis ha entrado en crisis. La civilización basada en la explotación capitalista de la naturaleza ha resultado comportarse de manera incivilizada. Y mientras el mundo de las finanzas especula sobre cómo continuar con el régimen de especulación (con las generosas subvenciones ciudadanas que los gobiernos les están facilitando), los listos sin inteligencia marchan en formación su particular huída hacia delante haciéndose creer a ellos mismos que no ocurre nada, que la crisis saldrá de la crisis. Estamos gobernados por el régimen del exceso de un modelo económico cuyo motor es la codicia alimentada además con combustibles contaminantes.


Viene esto a colación porque en plena crisis financiera provocada al menos en parte por la crisis energética que tiene al oro negro como epicentro, Gobierno Vasco y Petronor juegan al viejo parchís del miedo invocando los más grises fantasmas de la crisis dentro de la crisis. Intentan así expandir la idea de que si no se construye la fábrica de coque y la de cogeneración de energía eléctrica que tienen prevista hacer en la localidad vasca de Muskiz, la refinería ya existente no tendrá futuro. Más miedo al miedo: que incluso se cierre en los próximos años. Pero como narran los vecinos, organizados en la Coordinadora Anticoke, ya en 2001, ante el proyecto de construcción de una central térmica utilizaron el mismo argumento. Iberdrola, que impulsaba esta iniciativa cambioclimatizante, se fue con el proyecto a otra parte (no muy lejana por cierto). La presión vecinal y el elevado presupuesto decidieron su abandono. “La empresa propietaria del complejo refinero, Petronor, ha continuado en activo y sus beneficios han seguido ‘in crescendo'”, aseguran estos ciudadanos.

En las últimas semanas la Coordinadora Anticoke ha acumulado pruebas que demuestran que Petronor está importando fuel-oil, un millón de toneladas el año pasado, pese a que, dicen, es un producto que no tiene mercado, que es un excedente que se les acumula y que necesitan procesarlo para extraer gasoil con la nueva planta. El propio Josu Jon Imaz, ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) nombrado presidente de Petronor (además es consejero de Iberdrola) no sabe cómo justificarse ante este descubrimiento de la Coordinadora Anticoke. En un artículo publicado en el diario El Correo del día 27 de septiembre dice: “…aunque coyunturalmente debamos importar fuel obtenido de crudos ligeros por demanda de algunos sectores concretos”. Los vecinos creen que les están tomando el pelo.

No deja de ser curiosa la maraña de relaciones políticas que surge al calor de los combustibles fósiles. Lejos pero cerca de tierras vascas, en la rica comarca de Tierra de Barros (Badajoz, Extremadura) Alfonso Gallardo, el empresario más rico de pagos extremeños impulsa la construcción de otra gran refinería petroquímica. Gallardo ha contado durante años con la ayuda del ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (al que sus paisanos cariñosamnente denominan El Bellotari) en forma de subvenciones públicas. Gallardo es tío del senador del PSOE por la comunidad extremeña, y antes diputado en el Congreso, Francisco Fuentes Gallardo. Éste es uno de sus mejores enlaces con el presidente de turno de Extremadura. Durante su periodo en la madrileña Carrera de San Jerónimo se consideraba a Francisco Fuentes como “el hombre de Ibarra en la capital de España”. Las relaciones “familiares” en las altas esferas extremeñas se han ampliado en los últimos años para Alfonso Gallardo debido a que “el sobrinísimo” tiene como compañera sentimental a Carmen Pereira Santana, delegada del Gobierno en Extremadura desde 2004. Sea por la influencia de los Gallardo en Ibarra o al revés, la Junta de Extremadura es la máxima accionista de la posible próxima refinería.

Volviendo a tierras vascas, a finales de junio se hizo público el nombramiento de Imaz como presidente de Petronor. Unos días antes, el 29 de mayo de 2008, pero de manera no pública, Melchor Gil Llanos, el actual vicepresidente de las Juntas Generales de Bizkaia, fue nombrado consejero de Petronor. En Muskiz conocen a Gil Llanos como el “cuñadísimo” de Patxi López. En efecto, la esposa de Patxi López, secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) es Begoña Gil, concejala en el Ayuntamiento de Bilbao y hermana de Melchor Gil. Para hacer negocios en esta civilización que se quema en el fuego de sus propios combustibles hay que tener un “ísimo” en el partido político de turno. En el caso vasco, Petronor tiene un presidente de lo mejor relacionado en el PNV porque ha sido su máximo responsable. Y por si en futuras elecciones gana el PSOE vasco, en la petrolera juegan la carta del cuñado del candidato socialista. Verdaderos socios listos.

Inglés *English version

Expansión de la telefonía móvil & preocupación ciudadana

Inglés *English version

Pese a que el movimiento ciudadano contra la contaminación electromagnética crece al ritmo de las evidencias de la nocividad de las tecnologías que la provocan, las operadoras de telefonía móvil continúan su campaña de lobby sobre los ayuntamientos. ¿El objetivo? que estos accedan a situar en su territorio más antenas de telefonía. Las compañías que basan su negocio en eso que ha dado en denominarse “tecnologías de la información” fomentan la idea de que la “cobertura” es un derecho público. En dos reuniones celebradas en la localidad vasca de Getxo, palabras que se llevaba el viento fueron atrapadas por los oídos de los representantes de las asociaciones ciudadanas que luchan contra la contaminación electromagnética. Palabras que, procedentes del responsable de una de las mayores operadoras globales de telefonía móvi, referían la idea de expropiar tejados en “interés público” para colocar sus artefactos potencialmente nocivos. Por supuesto, la cobertura no es su leiv motiv. Éste coincide más bien con aquel lema que cuelga todavía de la imaginación de tantos ciudadanos: Todo por la Pasta.

 

 

No hace falta explicar que, como también reconocen estas corporaciones en petit comite si una zona carece de cobertura pero no es rentable no van a ofrecer a los clientes de dicho espacio la correspondiente antena. Unos hipercomunicados, otros nada y la ciudadanía sin ser consultada. Pero eso sí, el objetivo final de las operadoras es que todos los servicios (telefonía, sms, radio, cine y video, televisión, internet, etc) estén cubiertos por el móvil. ¿Cuántas antenas es necesario situar en cada localidad para ello? ¿Cuánto es necesario aumentar la presión electromagnética para alcanzar dicho objetivo-negocio? A eso no responden las operadoras pese que estamos hablando de que la conversación se produjo en una mesa de trabajo oficial con representantes de ayuntamiento, operadoras y ciudadanía del Consistorio de Getxo. Lo que pretenden las empresas es colocar en cada manzana de cada localidad una antena, como reconoció el delegado de una de las cuatro empresas telefónicas que acudieron a las reuniones.

 

A las pretensiones de las corporaciones colabora el Plan AvanzaDos. En estas reuniones desarrolladas en la localidad vasca (como es lógico se están realizando en muchos pueblos y ciudades) estaban los representantes de los partidos políticos de la localidad, del Ministerio de Industria, de la Asociación Antena No, de las empresas Telefónica, XFera Móviles, France Telecom y Vodafone, así como varios técnicos municipales y uno del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Desde el Ministerio propusieron que las operadoras compartan antena, es decir, que utilicen los mismos mástiles para reducir la dispersión actual y por lo tanto la contaminación. El colectivo ciudadano Antena No plantea incluso que los municipios compartan estación base de antenas, aunque eso -según los portavoces del Ministerio- supondría aumentar la potencia de emisión de las antenas. También dieron la de cal al proponer que las antenas de telefonía se camuflen, se hagan discretas a la mirada del público, algo que ya ocurre y que tiene por objeto reducir la sensación de agobio que produce en parte de la ciudadanía su visión.

 

 

Sea como sea, es necesario que se hagan estudios epidemiológicos en las localidades con antenas que lleven muchos años instaladas. Son demasiados los lugares donde han aumentado distintas enfermedades, en ocasiones con resultado de muerte. Todo esto puede hacernos olvidar que no sólo es importante trabajar sobre la ubicación de las antenas. ¿Qué sucede con el uso cotidiano del teléfono móvil? ¿Cómo se protege la población de su uso? ¿Qué hacemos con las personas electrosensibles? Ha pasado más de una década desde que el uso de mólvil se extendió a toda la ciudadanía. Asistimos a la aparición, como se preveía, cada vez más y sobre todo en los países que primero han acogido esta tecnología, de personas que enferman por su especial sensibilidad a los campos eléctricos y magnéticos. Son personas que no pueden vivir en pueblos y ciudades tal y como se han planteado. La cobertura total asegura su padecimiento.

Editores que hacen lobby para la industria automovilística

Inglés *English version

En plena Semana Europea de la Movilidad como estamos -aunque los “malos humos” nos recuerden lo contrario- nos enteramos del concepto de “movilidad sostenible” que tienen algunos editores españoles. El pasado mes de abril se debatió en el Parlamento Europeo una propuesta de enmienda relativa a la información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los coches nuevos. A los fabricantes de automóviles no les interesa que en la publicidad que realizan en los periódicos sobre sus vehículos figuren los datos de consumo y de emisiones de CO2. En una sociedad preocupada por los graves problemas ambientales que la acechan y más si cabe por el cambio climático, y en un contexto de crisis económica global, esos datos son “puntos negativos” para vender un coche. La propuesta incidía en aumentar la información sobre cuánto combustible consume el vehículo y cuántos gramos por kilómetro emite a la atmósfera, algo que ya se ofrece en la publicidad impresa. Por ello, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y a la Asociación de Revistas de Información (ARI) enviaron una carta a los europarlamentarios para exponer su punto de vista, coincidente con el de los fabricantes de automóviles.

 

En un email dirigido a David Hammerstein, europarlamentario de Los Verdes, Ignacio M. Benito García, director general de AEDE, y Carlos Ramos, presidente de ARI, comienzan su apuesta dejando claro cuales son sus poderes: 91 diarios, el 92% del mercado español, una audiencia de 13,7 millones de lectores anuales y 1.800 millones de euros por año en ingresos publicitarios la primera y 450 revistas, 20 millones de lectores y 722 millones de euros en publicidad la segunda.

“Ambas asociaciones creen oportuno hacerle llegar su opinión respecto al Borrador de Propuesta de Enmienda que está elaborando actualmente la Comisión Europea de la Directiva 1999/94/CE sobre el etiquetado del consumo de combustible y emisión de CO2 de los automóviles y que pretende hacer más restrictiva la regulación existente para la publicidad de los automóviles”, explican en la misiva.

“La industria automovilística es uno de los mayores anunciantes de entre todos los que aportan ingresos publicitarios para los medios escritos y no sólo en España sino en toda la Unión Europea, llegando a representar para algunos diarios hasta el 20% de sus ingresos publicitarios. Por ello, cualquier restricción publicitaria -incluida cualquier forma de obligatoriedad de inclusión de información en los anuncios- es una cuestión enormemente sensible que afectará a la publicidad de los medios de comunicación tradicionales, además de no lograr ningún objetivo medioambiental según ponen de manifiesto varios estudios” (sic), argumentan.

En palabras de estas dos asociaciones patronales “la industria automovilística es un sector vital para colaborar a que la prensa escrita siga manteniendo su independencia, diversidad y viabilidad económica”. Resulta de algún modo paradójico también el concepto de independencia que ofrecen estas asociaciones pues unos párrafos más adelante de dicha carta continúan: “Los consumidores pueden ser informados de los aspectos de combustible y emisiones de CO2 en otras etapas del proceso de compra del automóvil, como puede ser en el propio concesionario o en las páginas web de las marcas”.

Los editores reunidos en estas asociaciones, si tienen conocimiento y aprueban lo que estas afirman, están perdiendo una oportunidad inigualable para utilizar la publicidad y su oferta impresa para comunicar a los ciudadanos cuan poco combustible necesitan para funcionar los modelos más avanzados de la industria automovilística y cuan poco contaminan. Aunque no queda claro si la función de los editores es ofrecer diarios y revistas con contenidos informativos de calidad o hacer lobby para las industrias que mantienen su negocio con la publicidad. En todo caso se supone que los anunciantes pagan por el espacio que se les cede en las publicaciones ¿o por algo más?

Industria impulsa un plan empresarial que aumentará la contaminación eléctrica

Ha comenzado calentito el nuevo curso. Las organizaciones que luchan contra la contaminación electromagnética no podían creerse -si no fuera porque ya están curadas de espanto- la penúltima propuesta del ministro de Industria, Miguel Sebastián. El País lo contaba a la perfección: “El Gobierno quiere convencer a los Ayuntamientos de que poner antenas de móvil es saludable. Y para acabar con las reticencias que tienen las corporaciones locales a dar permiso para la instalación de antenas prepara un plan de incentivos económicos para los ayuntamientos que más colaboren en ampliar la cobertura del móvil dentro de sus municipios”.

 

 

De modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones inalámbricas para que ubiquen en su territorio nuevas antenas tendrán más dinero público para, a su vez, desarrollar las tecnologías de la información. Sebastián vuelve a quitarse el disfraz de servidor público y muestra su verdadero rostro de hombre de negocios que aprovecha su cargo público para beneficiar a los intereses privados. Sebastián se suma a la ristra de ministros servidores de los grandes sectores industriales y estratégicos del último capitalismo (el de los nuevos negocios que, si cabe, con más agresividad están poniendo en peligro la vida sobre el planeta).
 
La medida anunciada está incluida en el nuevo plan de “desarrollo tecnológico” denominado Plan AvanzaDos, que el Gobierno pondrá en marcha antes de finalizar el año y que se extiende hasta 2012, con una dotación superior a los 5.000 millones de euros. Dice Sebastián: “Hay que hacer comprender que las antenas de móvil no tienen ningún perjuicio para la salud”. Eso coincide con el mensaje de las compañías interesadas en la tecnología inalámbrica por microondas: no es una tecnología nociva para la salud y necesitamos más antenas para mejorar la cobertura. El Gobierno así facilita elcamino a las operadoras para vencer las reticencias de numerosos ayuntamientos que, preocupados por los daños a la salud que puede provocar la contaminación electromagnética de dichos aparatos, no quieren colocarlas en sus municipios. Una vez conseguido que muchos ayuntamientos, subvención en mano, cedan ante las pretensiones de las empresas tecnocontaminantes se las premia con dinero para invertrir en más tecnologías de la información que, como es lógico, representará otro nicho de negocio para las mismas compañías. Doble beneficio pues, con dinero público.
 
 
Si Sebastián desconoce a estas alturas los numerosísimos trabajos científicos independientes que advierten sobre los posibles graves daños a la salud que conlleva el uso de estas tecnologías es un ministro que nadie merece (Ver: I y II). Si los conoce está mintiendo a la ciudadanía y por ello nadie debería quererle. Personalmente, me inclino por la segunda opción: el ministro no quiso decir la verdad. Le faltó valentía para decir lo que seguramente muchos asesores le han comunicado hace tiempo sobre la contaminación electromagnética, quizá porque el evento donde hizo sus declaraciones estaba organizado por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), el mayor lobby que hay en España para impulsar estas tecnologías y acallar las críticas. (Ver el capítulo Adictos a la cobertura de nuestro libro Conspiraciones tóxicas).
 
Es más, el actual Plan Avanza ha supuesto una inversión de más de 5.000 millones de euros inyectados en el sistema en el periodo 2005-2008, y más de 3.800 millones de euros adicionales movilizados gracias a la colaboración de otras administraciones públicas, entidades sin fines de lucro y empresas. Es decir, las compañías del sector están en el Plan Avanza, entre ellas, Sun Microsystems, Bull o Atos Origin, a través del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cenatic), que pertenece a Avanza.
 
 
Por cierto, por si Sebastián tiene dudas sobre los daños que la contaminación electromagnética que despide la tecnología inalámbrica puede provocar, recordarle que sólo tres días después de sus declaraciones en el foro de AETIC, el Parlamento Europeo publicó su resolución sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. El Parlamento considera que “el número de personas que enferman por culpa de factores medioambientales sigue en aumento y que debe establecerse un registro epidemiológico que ofrezca un cuadro completo de las enfermedades vinculadas, parcial o totalmente, a factores medioambientales”. Esta institución, “manifiesta gran interés por el informe internacional BioIniciativa [mencionado en (Ver: I y II)] sobre los campos electromagnéticos, que resume más de 1.500 estudios dedicados a este tema, y cuyas conclusiones señalan los peligros que entrañan para la salud las emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el teléfono de base fija DECT”.
 
 
Todas estas tecnologías suelen impulsarse en nombre de un progreso, bienestar, desarrollo, calidad de vida, que tantas personas cuestionan por su errado camino y que no quieren tener sobre sus cabezas (las antenas) o pegado a la oreja (el móvil) o en sus ordenadores (el WiFi emite gran cantidad de radiaciones lo que no ocurre con el ADSL por cable). Es necesario abrir un debate social, ahora inexistente por la exitosa labor de lobby que, como puede comprobarse, están haciendo las empresas con intereses en este lucrativo a la par que peligroso negocio.

La democracia secuestrada por los intereses privados

 Inglés *English version

El pensamiento secuestrado es el último libro de Susan George. En él, su autora -culta, intelectual, amena y a ratos irónica e irreverente-, revela cómo los colectivos más intransigentes, sobre todo religiosos, relacionados con las altas esferas políticas y económicas de Estados Unidos se han apoderado, en sus propias palabras, de dicho país. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… ya sabes; por lo que cuenta esta activista de la palabra, por aquí (y por tantos países) la situación es cada vez más parecida. Una de las cinco partes en las que se divide este trabajo la ha llamado Lobbies, pasillos y sedes de poder. En ella, George describe la kafkiana situación a la que ha llegado el país norteamericano, que acumula entre sus diez lobbies o grupos de presión más influyentes a la Asociación Estadounidense de Médicos y a la Asociación Estadounidense de Hospitales. Estos, siempre según la escritora que posee la doble nacionalidad francesa-estadounidense, hacen campaña para que los ciudadanos USA nunca tengan atención médica a cargo del Estado, más barata o gratuita.

La organización social especializada en investigar el poder de los lobbies, LobbyWatch, afirma que entre 1998 y 2004 los diez primeros clientes de la industria del lobby en EE.UU. repartieron casi mil millones de dólares entre las empresas de relaciones públicas que les ayudaron a salirse con la suya. Los diez primeros lobbies son, por este orden: la Cámara de Comercio estadounidense, el Grupo Altria (alimentación y tabaco), General Electric (séptimo proveedor del Pentágono), la Asociación Estadounidense de Médicos,  Northrop Grumman (cuarto proveedor del Pentágono), el Instituto Edison Electric (patronal de la industria nuclear), Verizon Communications, Business Roundtable, la Asociación Estadounidense de Hospitales, y las farmacéuticas, Pharmaceutical Research and Manufacturers. Tres lobbies del campo sanitario entre los diez más importantes.

En Estados Unidos hacer lobby o cabildeo es una práctica incluso protegida por la Carta de Derechos pues se considera una manifestación de la “libertad de expresión”. El Congreso de este país elabora cada trimestre un boletín donde explica cuánto gastan los diferentes grupos de presión en intentar, y muchas veces lograr, que se legisle a su favor -huelga decir que si se legisla a favor de un grupo de interés concreto se legisla en contra de la mayoría de la ciudadanía, de ahí el título de democracia secuestrada de este post-. El sitio web de la Comisión Electoral Federal también publica estos datos. En Europa esto no es así.

Pero, como he explicado algunas veces que me lo han preguntado, de poco sirve a los ciudadanos estadounidenses saber cuánto dinero gastan los lobbies en corromper la democracia. Lo importante es que la práctica del cabildeo, presión corporativa o lobbismo corrompe la democracia pues el ciudadano poco cuenta a la hora de que sus demandas sean satisfechas. En el capítulo El lobby farmacéutico entra en política de Traficantes de salud, cuento, gracias a la Ley de Libertad de Información de USA que proporciona estos datos, cómo las compañías farmacéuticas, mediante el dinero que proporcionan legalmente para las campañas electorales de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, consiguen que una vez en el poder sus candidatos gobiernen en función de sus intereses.

El espacio web de periodismo de investigación en favor de los intereses públicos Public Integrity, ofrece documentos actualizados sobre la financiación de los candidatos a las próximas elecciones de EE.UU. Volviendo al libro de Susan George, ella afirma que el resto de la lista de los cien primeros clientes con poder de lobby “parece un catálogo de sospechosos habituales”: petroleras, compañías automovilísticas, de las comunicaciones, del software, la banca y los seguros, la electrónica, el complejo militar y las farmacéuticas.

Las grandes empresas y las asociaciones patronales dominan la lista pues apenas aparece algún lobby relacionado con la ciudadanía a excepción de uno que representa a los agricultores y empresas agrícolas, otro de los sindicatos, una asociación de abogados procesales y tres asociaciones de personas mayores, entre ellas la Asociación Estadounidense de Jubilados, que aunque no lo crean es el lobby más eficaz según las encuestas del Congreso de EE.UU.

La democracia, en Estados Unidos, y en todo el mundo, está muy tocada por decirlo de un modo suave. Están gobernando quienes más dinero tienen y gobiernan en función de sus intereses económicos, sobre todo. Vivimos tiempos de Totalitarismo Global Corporativo pues esta dictadura que se vale en sus formas de una apariencia democrática para camuflar la realidad es la primera que el ser humano consiente en todo el planeta al mismo tiempo.

¿Que qué hacer? Debemos revisar el modo en que participamos políticamente en nuestra sociedad. Hay que crear redes, de información y de asociaciones que trabajen en temas concretos o potenciar las ya existentes, y conectarlas entre sí bajo un punto de vista plural, unidas por unos principios mínimos de respeto a los derechos humanos, independencia de los intereses privados económicos y e impulso al único gobierno posible, el de los ciudadanos, la verdadera democracia. Uno de los aspectos más importantes es recuperar la confianza en que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. En una sociedad gobernada por el mercado es un error delegar los asuntos públicos a manos privadas.

Refinería Petronor: El gol más sucio del Athletic de Bilbao

Tras 110 años de historia los jugadores del Athletic Club de Bilbao lucirán en su pecho durante la campaña futbolística que viene y así por tres años consecutivos al menos el anagrama controvertido de la firma petrolera Petronor. Desconozco si con renovadas energías (cambioclimáticas) bajo el mentón el mítico club de fútbol vasco meterá más goles pero lo que es seguro es que en Muskiz, población de la comarca del Gran Bilbao, la institución deportiva va a perder unos cuantos aficionados. Esta localidad soporta desde hace muchos lustros las actividades de una refinería de petróleos de Petronor y en breve puede que se amplíe con una planta de producción de coque; los conspiradores tóxicos tienen la máquina a tope para que así sea.
Petronor ha pedido Evaluación de Impacto Ambiental al Gobierno vasco para un nuevo proyecto refinero con el que pretende reducir su producción de fuel-oil, que tiene una menor demanda internacional ahora, y producir nafta, gasolina y coque. También planean construir una planta de cogeneración eléctrica para uso propio y venta a Iberdrola. Los vecinos y vecinas del bello municipio de Muskiz soportan el impacto en su salud y medio ambiente de una refinería que lleva instalada 40 años “y hasta ahora ha contaminado lo que ha querido, sin control”, explican desde la Coordinadora Anti Coke de la localidad.
El proyecto supondrá la inversión de 700 millones de euros. Habrá tres nuevas chimeneas, 160 camiones diarios pasando a 200 metros de la playa La Arena y del pueblo y un aumento de todas las emisiones de contaminantes. La refinería solicitó la Autorización Ambiental Integrada para sus actuales instalaciones y el Departamento de Mediambiente del Gobierno Vasco le ha dado una resolución con la autorización condicionada al cumplimiento de unas condiciones que ocupan 20 páginas.
“En unos seis meses Petronor tendrá lista la documentación donde dice que va a hacer todos los camibios exigidos y les darán la definitiva. Lógicamente, si no tienen esa autorización tendrían que cerrar la refinería y eso es algo impensable puesto que da trabajo a unas 3.000 personas, más los beneficios a las arcas públicas a través de impuestos. El siguiente paso es la resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para el nuevo proyecto. La coordinadora ha presentado 9.000 alegaciones y una manifestación en el pueblo con asistencia de 1.100 personas”, comentan desde la citada Coordinadora.
Mientras los vascos se movilizan desconocemos en qué estará pensando Juan Carlos Rodríguez Ibarra (JCRI), ex presidente de Extremadura y uno de los máximos impulsores de la construcción de una mega refinería en Tierra de Barros, la comarca más rica de Badajoz. Quizá entre su poblada barba se esboce una tímida sonrisa. Hace unas semanas, la intrépida Rosa Díez, la líder del neopartido Unión Progreso y Democracia (UPyD), (que también debió respirar los sucios aires de Muskiz en algún momento tras ejercer en el País Vasco de Consejera de Turismo), recibió uno de los típicamente demagógicos exabruptos de JCRI (al que populosamente se le conoce como El Bellotari en Extremadura). Ante las protestas de Díez porque la Junta de Extremadura apoye mayoritariamente el proyecto refinero en Tierra de Barros, JCRI le contestaba que se volviera a Bilbao a “luchar contra la del País Vasco”.
Entretanto, los conspiradores tóxicos vascos mueven ficha pues el poder y la codicia no tienen fronteras. Hace muy poco Josu Jon Imaz, ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha sido nombrado nuevo presidente de Petronor. Además, es consejero de Iberdrola. Una de sus primeras actuaciones ha sido presentar la nueva camiseta del Athletic (como puede apreciarse en la foto de arriba). El club percibirá dos millones de euros por cada una de las tres temporadas que la lucirán los jugadores.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Muskiz lo componen cuatro concejales de EA (Eusko Alkartasuna) y tres del PSOE. El PNV está en la oposición con seis concejales. EA está en contra de la planta. Tienen alcalde y concejal de Medioambiente. El PSOE está a favor y el PNV dice que no está ni a favor ni en contra pero que si la llevan a cabo que se cumpla la normativa. “Lo cierto es que el PNV ha estado 35 años con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y ha dejado hacer a Petronor lo que ha querido”, indican los vecinos de Muskiz. Ahora, con el nombramiento de Imaz como máximo responsable de la planta de refino se entiende dicha actitud. Quien debe decidir si la Evaluación de Impacto Ambiental es positiva es la Consejería de Medioambiente del Gobierno Vasco, que está en manos de EA. ¿Podrán los conspiradores tóxicos “convencer” a los responsables de dicha refinería de la “limpieza” de su proyecto cambioclimatizador?
Por su parte, (alguien faltaba a la fiesta petroleada, ¿que quién?), el líder del Partido Popular vasco, Antonio Basagoiti, se reune estos días con Imaz en la propia refinería de Muskiz durante una visita pública a las instalaciones. Imaz, ex consejero de Industria, explica al dirigente del PP el proyecto de la planta de coque.
Petróleos del Norte S.A. (Petronor) fue constituida en Bilbao en 1968. Tras diferentes modificaciones de su composición accionarial, los socios que la componen en la actualidad son: Repsol (85,98%) y Bilbao Bizkaia Kutxa-BBK (14,02%). Cómo me recuerda todo esto a la situación que está produciéndose en Extremadura. Los dos ex presidentes (uno del Gobierno extremeño y el otro del partido vasco más importante) apoyando los intereses de las empresas vasco-españolas más importantes Petronor-Repsol-Iberdrola-BBK, en contra de la voluntad de los ciudadanos. Y es que Imaz e Ibarra-Ibarra e Imaz tienen el mismo concepto de algo que han manifestado ambos públicamente “hacer país”. A costa de la salud y el medio ambiente de todos.

Bruselas crea una Agencia para el lobby de las “telecos”

Inglés *English version

Hoy 7 de julio, en el Parlamento Europeo, las grandes compañías de telecomunicaciones han obtenido una victoria sobre los consumidores. Se ha votado a favor de la creación de una Agencia Europea de Regulación del Mercado de las Telecomunicaciones pero esta no será independiente, como debería, sino que estará muy influida por las grandes compañías telefónicas.

La Agencia se contempla como un simple club de reguladores financiado por los mismas grandes “telecos” y sus reguladores nacionales domesticados, carente de transparencia y sin un control suficiente ni capacidad de veto por parte de la Comisión Europea. La independencia de este nuevo órgano está en entredicho.

“Muchos de los reguladores nacionales se resisten a tomar medidas contra los monopolios de grandes empresas como Telefónica o Deutsche Telecom. La creación de esta Agencia beneficia a las “telecos” porque no frena claramente el dominio de mercados nacionales y regionales, ni garantiza acceso a infraestructuras a otras empresas (en España el 80-90% son de Telefónica) y frena el poder de Bruselas para actuar a escala europea contra monopolios, comenta el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein.

 

 

Entretanto los lobbies de la contaminación electromagnética continúan con su trabajo: conseguir que la población crea que las antenas de telefonía móvil, los teléfonos, el Wifi y demás tecnologías que emiten radiaciones eléctricas son inocuas para la salud. Uno de los lobbies más poderosos que hacen este trabajo en nuestro país es el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS). Está patrocinado por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y tiene como objetivo convencer al poder, sobre todo, sobre la no afección a la salud de la tecnología móvil. Como nos cuentan desde la organización vasca Antena No, que ha acudido a actos desarrollados por este lobby: “ofrecen conferencias, asesoría, hablan de trabajos científicos sobre esta temática, desprestigian a los críticoscon las tecnologías que despiden electromagnetismo incluso a científicos”.

CCARS aglutina a expertos en Medicina, Física, Química, Biología, Derecho y otras disciplinas.  El CCARS se creó hace un par de años a raíz de la visita de Michael Repacholi a Madrid “para darle un revestimiento científico a las posiciones de la industria de la telefonía. Es un grupo que ha colaborado con la patronal de la telefonía móvil en la defensa de sus intereses de despliegue”, indica Pedro Belmonte, de Ecologistas en Acción.

 

 

Casi todos son de Madrid, algunos viejos conocidos de los críticos con la contaminación electromagnética que despide la tecnología móvil (como Vargas y  Úbeda), algunos de ellos también ligados al PP en el plano político. 

Sus posiciones principales son:  

-No existe ningún riesgo por las emisones de las infrestructura de telecomunicaciones bajo los niveles y los criterios del ICNIRP y la normativa estatal vigente en España. 

-No existen constatación científica de efectos biólogicos por la exposición a radiofrecuencias y microondas pulsantes; en todo caso dependiendo de altos niveles de exposición; efectos témicos, que no tienen porqué ser perjudiciales

-El despliegue de las infraestructura de red móvil colisiona con la percepción negativa que se ha generado en determinados colectivos ciudadanos respecto a las estaciones base, y que en la mayoría de los casos tiene su origen en “argumentos pseudo-científicos“. 

 

 

El CCARS lo forman:

Emilio Muñoz, presidente; investigador en las áreas de la bioquímica y biología molecular y ahora investigación sobre Filosofía de la política científica, Profesor de Investigación del CSIC. 

Antonio Hernando Grande, Catedrático de Magnetismo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Mercedes Martínez Búrdalo, jefa del Departamento de Radiación Electromagnética, Instituto de Física Aplicada (CSIC). 

José Luis Sebastián Franco, Catedrático del Departamento Física Aplicada III (Electricidad y Electrónica). 

Agustín Gregorio Zapata, subdirector general de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III.

Alejandro Úbeda Maeso,  Jefe de Sección,  Servicio Investigación-BEM Hospital Ramón y Cajal, miembro del Comité Científico Asesor sobre Radiofrecuencia y Salud  (CCA).

Francisco Vargas Marcos, médico de Sanidad Nacional, antiguo alto cargo del Ministerio de Sanidad durante el gobierno del PP.

Isabel Varela Nieto, Profesora de Investigación (CSIC), Vicedirectora del Instituto de Investigaciones Biomédicas.

Isabel Varela Navarro, Investigadora del  Instituto de Investigaciones Biomédicas“AlbertoSols”, (CSIC-UAM).

 

 

Desde Antena No también informan sobre una empresa especializada en la legalización administrativa de todo tipo de instalaciones que, entre otros, “trabaja para el ayuntamiento de Getxo ofreciendo charlas o emitiéndole dictámenes”. Se llama Arce Legalizaciones y cuenta entre sus clientes con Auna, Endesa, Retevisión Móvil o Amena.

Aprobado un registro de lobbies en la Unión Europea

Inglés *English version

La Comisión Europea, órgano rector del Gobierno de la Unión Europea, ha creado esta semana un Registro de Grupos de Interés, de lobbies. Es una de las medidas por la transparencia que venían debatiéndose en el Parlamento Europeo durante los últimos meses.

 

 

La industria nuclear europea no ha perdido tiempo para aprovechar esta nueva oportunidad que se les presenta a las grandes compañías para lavar su imagen. A partir de ahora hacer lobby, presionar a los políticos europeos para que legislen a su favor e irremediablemente esto significa en muchos casos, contra los intereses de los ciudadanos, estará regulado y por lo tanto será bien visto.

FORATOM, la asociación que representa a la industria nuclear europea, ha sido la primera en inscribirse: “las entidades que llevan a cabo actividades de influencia en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas, están invitadas a registrarse y aceptar el Código de Conducta de la Comisión Europea. La industria nuclear muestra su apoyo a esta iniciativa que marca un antes y un después para las entidades dedicadas a hacer lobby en las instituciones europeas”, indica en una nota muy elocuente este lobby.

 

 

Lleva toda la razón FORATOM, si hasta ahora actuar como gobiernos en la sombra que dirigen las políticas europeas que afectan a todos los ciudadanos era una actividad “mal vista” por la ciudadanía, esta iniciativa pese a que supone un avance en cuanto a información de quiénes son los lobbies que actúan en Europa, de alguna manera legitima la actividad. El Foro de la Industria Nuclear Española, como parte de FORATOM, ha aplaudido esta medida que invita a “trabajar dentro de un esquema transparente y público”. Veremos si en la realidad la ciudadanía podrá enterarse de qué se cocina en la trastienda de las instituciones europeas pues lo cierto es que industrias como la química, la de los alimentos transgénicos, la farmacéutica o la nuclear, entre otras, ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de los europeos gracias a normas aprobadas tras la realización de lobby. 

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre el deterioro democrático que significa la presión corporativa de los lobbies industriales. ¿Será este registro parte de la solución? De momento, el registro es completamente voluntario, aunque las organizaciones inscritas deben comunicar su identidad, sus objetivos y los ámbitos de interés que representan. También deben indicar sus fuentes de financiación, para dejar claro quién está detrás de sus actividades de presión. Toda esta información se hará pública. Este registro afecta sólo a la Comisón Europea y más adelante se pretende incluir al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros, los otros dos órganos decisivos de la UE (aunque el que más cuenta es la Comisión).

 

 

De momento el registro cuenta con 79 lobbies y funcionará de manera experimental durante un año. Algunos lobbies registrados sobre temas que se tatan en esta web son: tecnología RFID, Plataforma por la Libre apertura de Farmacias, Pharmaceutical Group of the European Union o Telefónica

Un tema importante a tener en cuenta es la financiación de los partidos políticos. En Europa es muy oscura y en España no sabemos a ciencia cierta quién mantiene económicamente a los grupos. Este es el problema pues aunque algún día, de modo casi utópico, se consiguiera una rigurosa transparencia de los lobbies que actúan en la UE, de nada serviría si esos lobbies registrados trabajan con políticos financiados en parte por los grupos empresariales para los que trabajan.

En Estados Unidos sabemos, gracias a la Ley de Libertad de Información, qué empresas y con cuánto dinero financian las campañas de los partidos Demócrata y Republicano, y en la práctica esto no sirve para nada. Como he demostrado en el capítulo El lobby farmacéutico entra en política de mi libro Traficantes de salud, a la hora de la verdad el partido saliente beneficia con sus decisiones y leyes a las empresas que financian su campaña. Bed times for democracy, que titularían uno de sus discos los Dead Kennedys.

Frankensalada: presión corporativa de la basura-comida en Europa

Esta semana se ha producido en la Comisión Europea, el órgano de gobierno central de Europa, una votación muy importante para el futuro de los alimentos transgénicos en el continente. Estaba en juego si se aprobaba el cultivo de dos nuevos tipos de maíz que llevan insertado un pesticida, como los que ya se cultivan en España. Pueden parecer anecdóticas estas decisiones y debates pero la industria biotecnológica (la que fabrica estas semillas y cultivos de laboratorio destinados a nuestra alimentación) va “colando” en los supermercados poquito a poco estos productos tan cuestionados.
 La Comisión también decidía sobre si cultivar en Europa una patata transgénica (que en este caso contiene genes de resistencia a antibióticos). La Comisión Europea, a iniciativa del presidente Barroso, está forzando el debate presionado por los potentes lobbies -o grupos de presión industrial- de la biotecnología. Políticos (muchos políticos europeos apuestan por la basura comida en la Unión Europea), de la mano de ciertas empresas, desean encarar la definitiva aprobación de cultivos y alimentos transgénicos en la UE.
 
Por ahora, esta Frankensalada tendrá que esperar: tanto los maíces como la patata de laboratorio “se han mandado de vuelta a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) lo que nosotros interpretamos como una desautorización a esta Agencia”, indican los portavoces de Amigos de la Tierra, organización que ha elaborado un excelente informe sobre la presión que las compañías pro alimentos transgénicos están llevando a cabo sobre los políticos europeos para que impulsen la alimentación de laboratorio.

Conviene explicar que la institución europea encargada de velar por la calidad y seguridad de lo que nos llevamos a la boca los ciudadanos, según las normas de funcionamiento de la Administración europea, a la hora de autorizar un cultivo o un alimento se limita a revisar los informes de la compañía interesada en comercializarlo. No realiza análisis independientes. Así se explica que la EFSA, a petición de la Comisión, y gracias a que el actual Comisario de Medio ambiente europeo no parece estar por la labor de impulsar la alimentación trasngénica, haya recibido de nuevo los informes sobre estas variedades de laboratorio para su revisión (que volverá a no ser independiente).

Este funcionamiento -legal, repito- de la EFSA es idéntico al de la EMEA, la Agencia Europea de Medicamentos, que tampoco realiza estudios independientes cuando una farmacéutica solicita licencia para comercializar un fármaco en Europa. La EFSA, además está conformada sobre todo por biólogos moleculares. Haría falta otros especialistas para juzgar otros aspectos del cultivo y comercialización de alimentos transgénicos, como los ecólogos. Amigos de la Tierra advierte que muchos empleados de la EFSA tienen conflictos de interés con las compañías biotecnológicas. ¿Quién está gobernando Europa?

En este documento se denuncia la proximidad entre el órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, y el lobby biotecnológico, capitaneado por EuropaBio. Desayunos “de trabajo”, encuentros o jornadas de la industria cuentan con altos cargos de la Comisión. La presencia de la industria en órganos asesores clave y el acceso privilegiado a la información señalan también la preocupante cercanía entre los grupos de presión de la industria y la Comisión.

El resultado: un marco político favorable, intentos de rebajar los controles sobre los cultivos y alimentos transgénicos, apuesta firme de la UE por la comida biotecnológica y millones de euros de fondos públicos dedicados a financiar las investigaciones de la industria.

EuropaBio es uno de los principales grupos de presión sobre alimentos y cultivos con organismos modificados genéticamente en la UE, y presume de su trato directo con miembros de la Comisión Europea. Las campañas de este lobby de la agricultura biotecnológica están lideradas por las empresas Bayer Cropscience, DuPont/Pioneer, Monsanto y Syngenta.

EuropaBio también ha presionado a políticos europeos para conseguir que la biotecnología aplicada a la agricultura se haya convertido en un tema estrella en el programa de investigación de la UE con una inversión de 53 mil millones de euros provenientes de las arcas públicas.

La Comisión Europea promueve estas conexiones entre lo público y lo privado a través de plataformas tecnológicas específicas sobre alimentación y cultivos transgénicos, y sobre biocombustibles y productos alimentarios, en plena crisis mundial de subida de precios de los alimentos básicos (entre otras razones por los cultivos para biocarburantes).

Se trata de la trasvase de dinero público hacia intereses económicos privados. EuropaBio es, en sus propias palabras, “la voz de la industria biotecnológica en Europa”. Hoy aún más poderosa con el dinero de los ciudadanos europeos.

El lobby farmacéutico y transgénico en el Gobierno ZP

 
 
Pronto van cumpliéndose las peores expectativas en materia sanitaria y de medio ambiente con el nuevo Gobierno de Zapatero. La jugada de la desaparición de Cristina Narbona y el Ministerio de Medio Ambiente, o para mayor exactitud, la absorción por parte del Ministerio de Agricultura (ésta sobre todo química, industrial y con cesiones al lobby pro alimentos transgénicos) de la cartera de Medio Ambiente, ha sido muy comentada. Se interpreta, y los hechos comienzan a confirmarlo, como un intento de acabar con una voz y una política crítica, la de la propia Narbona, y con un Ministerio que podía ser un obstáculo al actual modelo desarrollista, insostenible ambientalmente y por lo tanto poco saludable que practica el Gobierno.
 
 
 
 
Puestos a gestionar una segunda legislatura, ganada la primera con una política “social”, el PSOE está optando por darle un perfil más mercantilista, más proempresas al nuevo Ejecutivo. Narbona molestaba, en muchos casos estaba consiguiendo que el suyo fuera un Ministerio pro ecología, y esto es necesariamente contrario a la lógica promercado del Gobierno, cualquier gobierno europeo en la actualidad.
 
Narbona molestaba y como “cargarse” de raíz un Ministerio entero, el de Medio Ambiente, hubiera sido demasiado chocante, se ha asimilado a Agricultura, que posee una tradición de favorecer a las grandes compañías frente a las pequeñas y medianas explotaciones; de fomentar la industrialización intensiva y con productos químicos tóxicos del campo; y que es en la actualidad el garante de los intereses de la gran industria biotecnológica, es decir, de los alimentos transgénicos (España es el país con mayor superficie de cultivos transgénicos de toda Europa).
 
 
 
 
El nuevo Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de la ministra Elena Espinosa seguirá apoyando la inclusión en nuestros platos de productos transgénicos y por lo tanto poniendo en peligro nuestra salud y la del entorno. Y tendrá en sus manos toda la parte de Medio Ambiente que antes no gestionó y que Narbona llevaba con un aceptable resultado.
 
Pero el lobby pro transgénicos no sólo controlará buena parte de las decisiones de Agricultura, como viene haciéndolo durante los últimos lustros; el Gobierno ZP ha colocado a Cristina Garmendia al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el libro Conspiraciones tóxicas, explicamos con numerosos ejemplos el fenómeno de las “puertas giratorias” (trasvase de ejecutivos del sector público al privado o viceversa). Este vuelve a ser un caso de manual. Garmendia era, hasta entrar en el Gobierno de Zapatero, presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), el mayor lobby pro alimentos transgénicos y fármacos biotecnológicos que hay en España (en el que están otros lobbies como la Fundación Antama o las mayores multinacionales de transgénicos del mundo: Monsanto o Pioneer), y que también congrega a buena parte de la industria farmacéutica biotecnológica (Bayer, Merck, Bristol-Myers Squibb, Roche, Schering Plough, Esteve -que dirigen Farmaindustria-, o Gilead Sciencies -creadores de Tamiflú/Gripe aviar-).
 
Esta empresaria hasta hace unos días, en 2000 fundó Genetrix, una compañía privada del sector de la biotecnología. Garmendia, no pierde su tiempo y también es presidenta de la Fundación Inbiomed que, financiada con dinero público, está dedicada a la investigación genética con fines farmasanitarios.
 
 
 
 
El Ministerio de Ciencia e Innovación es clave para la industria farmacéutica. Así, uno de los periódicos sanitarios que ejerce de portavoz de la misma, ha publicado que su creación “ha sido muy bien recibida por la industria”. Los grandes laboratorios ven en Garmendia a una de los suyos: “será un buen apoyo para evitar desarrollos legislativos excesivamente dañinos para el sector”, argumenta dicha publicación.
 
Hay que tener en cuenta que a media legislatura anterior el Ministerio de Sanidad sufrió un cambio radical. La ministra Elena Salgado, que como muchos medios especializados en temas sanitarios han publicado no gustaba nada a Farmaindustria, fue desplazada al Ministerio de Administraciones Públicas. En su lugar entró el actual ministro Bernat Soria, muy del gusto de las farmacéuticas. Como ha publicado Correo Farmacéutico: “El ministro Bernat Soria quería convertir esta legislatura en la del impulso de la industria farmacéutica española, ‘incluso abordando la posibilidad de un cambio en la legislación de patentes'”, verdadera piedra filosofal de Farmaindustria.
 
 

 

Si Cristina Garmendia quiere sacar adelante ese proyecto de cambio de legislación -ahora es de su competencia tras las nuevas atribuciones de su Ministerio- tendrá que contar con el Ministerio de Industria, que también posee competencias legislativas en temas de patentes. El citado periódico recuerda que “al frente de Industria estará, en los próximos años, Miguel Sebastián, amigo y protector político de Cristina Garmendia y figura en ascenso por su amistad con Rodríguez Zapatero”.

Si no he contado mal, las industrias biotecnológicas (compuestas por las pro transgénicos y farmacéuticas) tienen cuatro ministerios y cuatro ministros a su disposición: Agricultura, Sanidad, Innovación e Industria. Y además han visto mermado en sus facultades el de Medio Ambiente.

 

 

Algunas cosas, como digo, comienzan a cambiar, a peor, se entiende. Para muestra un botón. El pasado fin de semana TVE emitió un reportaje sobre alimentos transgénicos. Como cuenta en una carta dirigida al programa en que se emitió una persona que ha trabajado en el Ministerio de Agricultura y ha sido testigo del vaivén de lobbistas pro transgénicos en el mismo, se eliminó (por problemas técnicos) la intervención de la única voz crítica con el tema de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG´s) aplicados a la agricultura, la de Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace.

Además, se utilizaron imágenes de la deforestación de la Amazonia para el cultivo de soja transgénica justamente para lo contrario, para explicar las bondades de estos organismos que no son necesarios y que sólo traen beneficios a muy pocas empresas privadas. ¿Estará cambiando la línea editorial de la tv pública al ritmo de los cambios pro corporaciones en el Gobierno ZP?