A vueltas con la polémica de Bio-Bac ¿juicio?

En breve, una de las grandes televisiones que operan en España vuelve a emitir uno de sus programas dedicados al periodismo de investigación y denuncia. En esta ocasión, el reportaje, de formato largo, versará sobre medicamentos, aunque con un resultado, desde mi punto de vista, confuso; la mezcla de temas no ha sido afortunada.
 
Uno de los asuntos que tratará este espacio es el del producto Bio-Bac, ahora denominado Renoven (que puede comercializarse en toda la Unión Europea libremente como complemento dietético aunque no como medicamento, todavía).

Para variar, y ahora explicaré por qué, que de eso se trata, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), máxima autoridad española en el control de los fármacos, rehusó participar, dar su opinión, en este documental que está en edición.

La AEMPS está dirigida en la actualidad por Cristina Avendaño, una de las personas clave en la persecución que llevó a cabo el Ministerio de Sanidad contra el productor de Bio-Bac (de esto hace ya más de cinco años), con las terribles consecuencias que ello conllevó.
 
El día 6 de marzo de 1992, Avendaño, era asesora de la Dirección General de Farmacia y funcionaria de la Subdirección General de Evaluación del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entonces, recibió un fax de Francisco Salmerón, jefe de la División de Productos Biológicos de la AEMPS y encargado de analizar los elementos procesales en los que basa la denuncia de la Agencia contra Bio-Bac -la existencia de psicotropos y hormonas del crecimiento (Orfidal y Humatrope) en la composición del producto. Estos atentarían contra la salud pública, según las autoridades. Salmerón, por cierto, ni buscó esas pruebas.
 
El caso es que en el fax indica textualmente: “He recibido tu fax del producto FR-91 (así se denominaba Bio-Bac durante los ensayos clínicos) y no parece muy adecuado el texto. No obstante pienso que un toque de las ‘alturas’, o en su defecto un ‘encantamiento’ podrían ser muy eficaces”.
A pie del citado documento, la propia Avendaño anotó de puño y letra una aclaración: “Se refiere a que Rovi (laboratorio garante) se desentienda del tema y deje a Chacón + (así en el original) indefenso ante la Administración”.
 
Cuando intenté ponerme en contacto con Cristina Avendaño para racabar su versión de los hechos y plasmarla en mi libro Traficantes de salud, ella, a través del Departamento de Prensa del Ministerio de Sanidad (yo primero había intentado la vía corta de lograr que su amable secretaria me pasara con ella directamente), dijo que no tenía nada que explicar hasta que se celebrase el juicio.
 
La Justicia en España es lenta, se sabe, pero es que la intervención policial y administrativa contra los productores de Bio-Bac, de unas dimensiones desconocidas en nuestro país para casos similares, data de octubre de 2002. Cinco años largos en los que los diversos jueces que han tenido el asunto sobre su mesa no han conseguido pasar de las diligencias previas.
 
Desde luego, el juicio se está haciendo esperar. A ver si es posible que disfrutemos del mismo en este siglo, porque creo que vamos a disfrutar. No nos vamos a aburrir. Y de paso nos enteraremos de qué sucedió.
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